Venezuela cumple un mes bajo el Decreto de Estado de Emergencia Económica, una suerte de estado de excepción que le otorgó al Ejecutivo Nacional amplias facultades para gobernar y dictar medidas en materia económica, política y social. Sin embargo, a 30 días de su promulgación, no se conoce ninguna decisión urgente o de carácter extraordinario como se argumentó para justificar su aprobación.
En el articulado del decreto destacaba la posibilidad de aprobar “regulaciones excepcionales y transitorias para restablecer los equilibrios económicos” así como “suspender con carácter general la aplicación y cobro de tributos nacionales, estadales y municipales así como de los trámites administrativos relacionados a fin de proteger el aparato productivo nacional”, según indica el numeral 2 del artículo 2.
Impuestos y actividad primaria
Aunque no estaba incluido en los 8 artículos que componen el Decreto de Estado de Emergencia Económica, dos semanas antes, el presidente de la República anunció durante una reunión del Consejo Nacional de Economía que desde el 31 de marzo se suspendería el cobro de impuestos que afectaran la actividad primaria de los municipios.
“Para apoyar en el flujo financiero, financiamiento, en el flujo logístico, la parte legal y cada motor en su proceso productivo”, dijo Nicolás Maduro el 28 de marzo. Sin embargo, no ofreció detalles sobre cuáles serían los impuestos municipales que se suspenderían ni el alcance de esa medida.
Aaron Olmos, economista y docente del Instituto de Estudios Superiores de Administración (IESA) explica que el sector primario de la economía comprende la extracción de la materia prima, elementos en su forma natural como agricultura, ganadería, pesca, minería, industria maderera y actividades económicas industriales de gran envergadura que transforman materias primas.
“Es uno de los sectores más importantes que puede tener un país porque conecta con sus capacidades iniciales para generación de bienes y servicios”, apunta el profesor Olmos.
Mucho ruido y pocas nueces
No obstante, a pesar de los anuncios, los productores agropecuarios agrupados en Fedeagro no han recibido hasta este momento ninguna exención impositiva ni tampoco una respuesta a su propuesta de exonerarlos del pago al impuesto sobre la renta (ISLR) como tradicionalmente ocurrió hasta el año 2024, según confirmó una fuente del gremio a Bitácora Económica.
En la misma situación se encuentran los industriales del estado Carabobo agrupados en Fedecámaras o los empresarios pertenecientes de la Cámara Venezolana de la Industria del Vestido (Cavedid).
“La industria local tiene esa competencia, vamos a decir, no recíproca, de que hay algunos aranceles para importar materiales y telas, no están exonerados. Sin embargo, el producto final sí está exonerado y eso es una competencia totalmente desproporcionada para nuestros fabricantes locales, explicó Roberto Rimeris, presidente de Cavedid en una entrevista concedida a Unión Radio esta semana.
El sector turismo, tan importante para la generación de producto interno bruto (PIB) en algunos países, tampoco ha sido notificado sobre exoneraciones impositivas nacionales, estadales o municipales según Bitácora Económica confirmó con la Asociación Venezolana de Agencias de Viajes y Turismo (Avavit).
Compra de producción nacional
El numeral 6 del segundo artículo del Decreto de Estado de Emergencia Económica también establece “mecanismos y porcentajes de compra obligatoria de la producción nacional, para favorecer la sustitución de importaciones”. No obstante, a 30 días de la promulgación de la disposición, es algo que al menos en el sector de autopartes y repuestos no se ha comenzado a aplicar.
Omar Batista, presidente de la Cámara de Fabricantes Venezolanos de Productos Automotores (Favenpa), advirtió en una entrevista concedida a Unión Radio el 6 de mayo que las importaciones de autopartes han aumentado sostenidamente desplazando al sector nacional.
“Se están ensamblando vehículos y no incorporan partes nacionales, se están ensamblando con 100% de productos importados. Ese es otro planteamiento que nosotros hemos hecho al ejecutivo nacional: reactivar el plan de incorporación de partes nacionales para el ensamblaje tanto de motocicletas como de vehículos”, señaló Bautista.
El presidente de Favenpa insistió en la necesidad de aplicar un plan para la sustitución de importaciones para fortalecer la producción nacional tomando en consideración las partes que se pueden desarrollar y fabricar en Venezuela.
Reforma burocrática
Leonardo Vera, economista y presidente de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, señala que la información disponible apunta a que el Ejecutivo Nacional aún no ha diseñado un plan para ejecutar el Decreto de Estado de Emergencia Económica. No obstante, a su juicio, más que exenciones impositivas el Estado venezolano debería reformar los requisitos para formalizar empresas y emprendimientos.
“Pienso más bien no en privilegiar sectores sino en medidas que beneficien a todos y la verdad que para mi sería bastante difícil pensar qué sector podría ser privilegiado con una exención tributaria, todos estamos afectados por la pesadísima presión tributaria y de pagos, trámites y derecho de registro que hay que hacer en este país para poder mover un pie”, explica.
Para el profesor del IESA Aaron Olmos, el sector secundario que se encarga de transformar las materias primas como la industria manufacturera, la construcción, la industria energética y la minera también debería contemplarse en una eventual política de reforma tributaria con miras a fortalecer la producción nacional.
“Ambos sectores tendrían que ser beneficiados de manera diferencial, en algunas actividades particulares. En el Decreto de Estado de Emergencia Económica se hablaba de exención de impuestos nacionales, estadales y municipales, entonces es necesario evaluar cuáles son los que más pesan sobre la estructura de las erogaciones de las empresas en ese calendario fiscal y en función de ello permitirle a las empresas desarrollar su actividad”, indica.
