Al menos tres acuerdos concretos de los entablados por la mesa de negociaciones llevada a cabo en Caracas entre las delegaciones del gobierno nacional, liderada por Jorge Rodríguez; y de la Asamblea Nacional de 2015, representada por Dinorah Figuera; se han hecho visibles en los últimos días.
El inicio del procedimiento legal para la designación de nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), la creación de un comité de revisión de credenciales que supervise el trabajo de esta instancia y sirva de filtro para los postulados y el inicio de desbloqueo de medios digitales sometidos a restricciones en internet desde hace años son los logros más visibles de esta instancia que ha cumplido dos ciclos y que empezó el pasado 12 de agosto.
Este espacio de entendimiento que se ha ejecutado en dos semanas concretas de trabajo ha estado enfocado en trazar rutas institucionales en materia económica, judicial y de libertades informativas, pese al requerimiento de organizaciones, políticos y miembros de la sociedad civil que le demandan un cronograma electoral que apunte a la celebración de elecciones presidenciales en Venezuela.
Primer Ciclo: Recuperación de activos y Poder Judicial
Concluido oficialmente a mediados de agosto de 2026, este primer ciclo sentó las bases de la negociación en torno a la administración de recursos internacionales para atender la emergencia generada en el país por el doble terremoto y la estructuración del sistema de justicia.
En esa ocasión, se acordó concentrar esfuerzos conjuntos para promover la recuperación de los activos de reserva internacional de Venezuela que se encuentran custodiados en el Banco de Inglaterra, estableciendo para su uso mecanismos estrictos de transparencia, trazabilidad y auditoría.
Como plato fuerte, se acordó la reforma y transformación del Sistema de Justicia a través de una reforma a la Ley Orgánica del TSJ, así como la activación de un nuevo proceso de postulación para la renovación y designación de la totalidad de sus magistrados, que finalmente este martes, 29 de septiembre arrancó formalmente.
En este primer ciclo, se avaló también la creación de una instancia colegiada para evaluar los requisitos de los postulados al máximo tribunal, garantizando el cumplimiento de los baremos legales y constitucionales.
Segundo Ciclo: Libertad de expresión y Poder Judicial
Finalizado el 25 de septiembre de 2026 tras siete sesiones de trabajo (divididas en dos plenarias y cinco mesas técnicas), este segundo ciclo profundizó en garantías informativas y dio pasos prácticos en la reestructuración del Poder Judicial.
En torno a la libertad de expresión, se acordó avanzar en la ampliación del desbloqueo de portales web informativos en el país.
Se pactó impulsar una agenda plural de discusión sobre el uso del espectro radioeléctrico nacional, contemplando la revisión de los instrumentos legales pertinentes con la participación de los actores involucrados.
Asimismo, se oficializó la integración del Consejo de Revisión de Credenciales para los postulados al TSJ, el cual quedó conformado por siete juristas del país: Belén Ramírez Landaeta, Rogelio Pérez Perdomo, Bernardo Pulido Márquez, Silio Sánchez, Deyanira Nieves, Federico Fuenmayor y María Bernadoni Govea
Ambas delegaciones ratificaron su compromiso de mantener los canales directos de comunicación abiertos y realizar un seguimiento permanente a los puntos suscritos. Se ha adelantado que el tercer ciclo de diálogo está previsto para instalarse tentativamente durante el mes de octubre de 2026, con el fin de seguir ampliando la agenda de acuerdos institucionales.
Lo que se ha concretado
- Conformación del Consejo de Revisión de Credenciales para el TSJ: Se oficializó y publicó la lista de los siete juristas independientes y académicos encargados de evaluar los requisitos de los postulados al Tribunal Supremo de Justicia, cumpliendo con el diseño del mecanismo de revisión institucional pactado en el primer ciclo.
- Medidas administrativas iniciales sobre portales web: Como resultado directo de las negociaciones en materia de libertad de expresión culminadas el 25 de septiembre, la administración ejecutiva ordenó el levantamiento de medidas administrativas y el inicio del desbloqueo paulatino de un grupo de plataformas y portales informativos que se encontraban censurados en el país.
Lo que está pendiente
- La materialización total de la libertad informativa y el espectro radioeléctrico: Si bien se ordenó el cese de bloqueos a ciertos medios digitales, gremios periodísticos como el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) han mantenido una postura de estricta vigilancia ante el desbloqueo selectivo de medios digitales.
- Todavía está pendiente ver una apertura real del espectro radioeléctrico que implica emisoras de radio y canales de televisión cerrados a lo largo de los años, y la garantía de que no se implementen nuevos mecanismos de censura digital.
- La revisión integral y efectiva de casos judiciales: Aunque han concretado varias excarcelaciones de presos políticos después de culminados cada uno de los ciclos del diálogo, organizaciones de derechos humanos recuerdan que los procesos de excarcelación o sobreseimiento definitivo de causas por motivaciones políticas siguen siendo parciales y lentos en comparación con el volumen total de detenidos.
- El alcance definitivo sobre activos internacionales: Los puntos relacionados con la recuperación y administración bajo estándares de transparencia de los fondos y activos en el exterior continúan en una fase de discusión y revisión, sin que hasta la fecha se haya concretado un desembolso, traslado o utilización práctica de dichos recursos.
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