La subasta judicial de Citgo Petroleum, la filial refinadora de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) en EE. UU., ha entrado en su fase decisiva tras un turbulento proceso de licitación que abarca el periodo de julio a septiembre. La venta, que busca resarcir a múltiples acreedores, ha estado supervisada por el juez Leonard Stark y el “special master” Robert Pincus de la Corte de Distrito de Delaware.
De acuerdo con un reporte de Reuters, las ofertas iniciales en la subasta no lograron alcanzar las expectativas, ya que la más alta fue de 7.300 millones de dólares, una cifra lejos de la valoración de 11.000 y 13.000 millones de dólares de Citgo, según analistas.
El tribunal reabrió la ronda de ofertas para permitir que los licitantes mejoraran sus propuestas y maximizar así el valor de los activos. En medio de esta nueva etapa, el “special master” Robert Pincus, recomendó a la corte considerar la oferta de una filial del fondo de inversión Elliott Investment Management, conocida como Amber Energy.
Reportes de prensa señalan que la propuesta de Elliott se destacó por ser considerada una “oferta limpia” con una mayor certeza de cierre, lo que reduciría el riesgo de futuras complicaciones legales. Según Reuters, la oferta de Amber Energy fue de $5.890 millones de dólares, la cual fue recomendada como la ganadora.
Controversias de Pincus
Pincus es el funcionario judicial designado por el juez Stark para supervisar el proceso de subasta de las acciones de Citgo. A pesar de su rol clave, ha sido objeto de controversias, con acusaciones de irregularidades y sobrefacturación en un caso anterior. Estas controversias llevaron a las partes involucradas en el litigio de Citgo a solicitar su recusación, un intento que fue rechazado por el juez Stark.
A pesar de la oposición, Pincus fue ratificado en su cargo, lo que subraya la confianza del tribunal en su papel para llevar adelante un proceso judicial complejo. También solicitó aumentar el límite de sus honorarios por encima del monto legal establecido, una petición que las partes objetaron pero que aprobó el juez Leonard Stark.
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La batalla legal y el papel del juez
Esta recomendación encontró la oposición de otros acreedores. El proceso judicial, de acuerdo con EFE, ha puesto de manifiesto que los reclamos de más de una docena de acreedores superan en conjunto los 20.000 millones de dólares.
Empresas como la minera canadiense Crystallex y la petrolera estadounidense ConocoPhillips, con laudos multimillonarios, han expresado su interés en el proceso y han presentado sus propios argumentos legales. De igual forma, Gold Reserve, que impugnó la oferta de Amber Energy para proteger su propio reclamo, había presentado una oferta de 7.380 millones de dólares, de acuerdo con Reuters. En una reciente jugada, un tercer participante, Blue Water, ofreció 10.000 millones de dólares, pero su propuesta no fue considerada.
El juez Leonard Stark, la figura central en el caso, ha sido el responsable de dirigir este complejo proceso. Su sentencia de 2018, que determinó que PDVSA era un «alter ego» de la República de Venezuela, sentó el precedente legal que permitió a los acreedores ir tras los activos de Citgo.
Según Reuters, el tribunal de Delaware tiene previsto celebrar una audiencia la próxima semana para escuchar a todas las partes y decidir al ganador final. La decisión final sobre la subasta se espera para finales de septiembre, después de que Stark evalúe la recomendación de Pincus y las objeciones presentadas.
Implicaciones políticas y las sanciones
Además, la subasta ha estado sujeta a una compleja red de consideraciones políticas. Reportes de prensa señalan que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro de EE. UU., ha jugado un papel fundamental al emitir una licencia que autoriza la venta, un paso crítico debido a las sanciones a Venezuela, de acuerdo con la AFP.
Por su parte, el gobierno de Venezuela y PDVSA, a través de sus abogados, han expresado consistentemente su oposición a la subasta, argumentando en la corte que la venta de Citgo es ilegal y una confiscación de un activo nacional.
