En la pirámide de estructura y jerarquía de las sanciones de Estados Unidos hacia los países que no se les considera aliados están las órdenes ejecutivas, responsabilidad que corresponde al presidente de ese país. Luego está la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro, que establece restricciones específicas o excepciones y disposiciones para salvaguardar intereses de empresas norteamericanas en esas naciones, señala el semanario Exclusivas Económicas.
Es el caso de Venezuela desde hace 10 años, pero principalmente a partir de enero de 2019, durante el primer gobierno de Donald Trump, cuando se dispuso la prohibición de exportar petróleo venezolano y sus derivados a territorio estadounidense como sanción ante la ruptura de relaciones diplomáticas por el no reconocimiento de las elecciones presidenciales de 2018, en las que Nicolás Maduro figuró como reelecto para un segundo mandato.
La OFAC, por su parte, emite licencias generales como las que ha recibido Chevron desde entonces, las cuales son públicas y se dan a conocer por el portal de esta institución; pero también están las específicas que son privadas. Es decir, no se publican y sólo compete a la empresa beneficiaria determinar si la da a conocer o no. Esos permisos están vinculados a una actividad puntual y restringida como ocurrió el pasado 27 de mayo cuando cesó la vigencia de la Licencia General Nº 41 B, explica el semanario.
En la administración Trump persiste el hermetismo. El pronunciamiento del secretario de Estado, Marco Rubio, y de la representante republicana María Elvira Salazar, se ha remitido a señalar el cese de la Licencia General Nº 41 B, sin especificar cuál sería la figura legal que permita la permanencia de Chevron en Venezuela ante el hecho que tampoco se le otorgó una autorización similar a la que tuvo entre enero de 2019 y noviembre de 2022 con la Licencia General Nº 8, que también favoreció a las empresas Halliburton, Baker Hughes, Weatherford y Schlumberger.
“La presencia continua de Chevron en Venezuela cumple con todas las leyes y regulaciones aplicables, incluido el marco de sanciones establecido por el gobierno de Estados Unidos”, se limitó a informar la compañía estadounidense mediante una declaración que fue enviada por correo electrónico a los medios que solicitaron un pronunciamiento.
Los contratistas y proveedores de Chevron en Venezuela durante la última semana de mayo estuvieron pendientes de recibir una notificación por cancelación de contratos y sólo mantener aquellos servicios que se consideren críticos. Por lo pronto, eso no ocurrió y continúan las operaciones de servicios de mantenimiento de pozos en las cuatro empresas mixtas en la que tiene participación minoritaria en sociedad con Petróleos de Venezuela (Pdvsa).
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