La batalla campal que ha desatado la subasta de las acciones de Citgo Petroleum Corporation para pagar la deuda con los acreedores y las transnacionales que buscan indemnización por los activos expropiados en Venezuela pone de nuevo sobre la mesa la posibilidad de que el país pierda definitivamente su mayor activo en el extranjero, debido al avance de la disputa legal que se mantiene sobre la filial de Petróleos de Venezuela (PDVSA) en Estados Unidos.
Incluso, este lunes 21 de abril, un juez federal de Estados Unidos confirmó la propuesta de la empresa Red Tree Investments, filial de Contrarian Funds, que pone como oferta inicial 3.700 millones de dólares para la subasta de acciones de la matriz de la refinería venezolana, con el fin de pagar a los acreedores de Venezuela y tenedores de bonos de PDVSA.
En ese sentido, surge una nueva interrogante: ¿Realmente se entra a la etapa final de la subasta de las acciones de Citgo o todavía hay tela que cortar? Para los economistas y expertos en petróleo, Dolores Dobarro y Carlos Mendoza Potellá, aún quedan medidas por ejecutar.
En conversación con Bitácora Económica, Dobarro, exviceministra de Energía y Minas, abogada y asesora en materia de energía, aseguró que “aún falta acciones que se pueden tomar. Los procesos judiciales en jurisdicción norteamericana son muy complejos y tienden a ramificarse. Debemos recordar el anterior intento de subasta, que estaba sobre los 7 mil millones de dólares y no llegó a término”.
A su juicio, “en esta instancia imagino que los acreedores que se sientan perjudicados, que no son pocos, se opondrán, al igual que los tenedores de los bonos 2020. En fin, es cierto que el caso está en etapa muy avanzada, pero aún quedan acciones que pueden ejercerse”.
De hecho, según información de Reuters, la oferta de Red Tree, que había sido recomendada por un funcionario judicial que supervisaba la subasta, desencadenó otro problema entre los 16 acreedores que buscaban cobrar las ganancias de la subasta, debido a que algunos “apoyaron la oferta porque incluye un acuerdo de pago con los tenedores de un bono emitido por la matriz última de Citgo, PDVSA con sede en Caracas, y otros dijeron que era demasiado baja”.
El economista, investigador petrolero y profesor universitario, Carlos Mendoza Potellá, coincide en que esta nueva etapa judicial de Citgo, podría continuar por mucho más tiempo.
“Yo no sé si es la etapa final, porque ha habido varias decisiones finales y han sido suspendidas particularmente por motivaciones y negociaciones políticas, consideraciones que van más allá de lo judicial, de reconocer el derecho que tienen los acreedores, en función del principio del alter ego, a reclamar deudas de la nación venezolana, cobrándosela con un patrimonio que está en territorio norteamericano”, sostuvo.
Entre la protección y la rivalidad política
Citgo es considerada la séptima refinería más importante de Estados Unidos y el mayor activo de Venezuela fuera de su territorio, con una capacidad de procesamiento anual total de 811.000 barriles por día (bpd).
La demanda de un grupo de 20 empresas estatizadas por el Estado venezolano y acreedores de bonos impagos en Estados Unidos supera los 21.000 millones de dólares a Venezuela, como compensación por las expropiaciones y los incumplimientos de sus tenencias durante el gobierno de Hugo Chávez.
Sin embargo, Citgo ha sido valorada entre 11.000 y 13.000 millones de dólares, y se espera que las ofertas finales de la subasta se mantengan por debajo de los 8.000 millones de dólares, por lo que “cuanto más se pague a los tenedores de bonos, menos quedará para distribuir a otros acreedores, entre ellos productores petroleros extranjeros, empresas mineras y conglomerados industriales cuyos activos venezolanos fueron expropiados”, explica Reuters.
“Ahora bien, los acreedores al no ver pagados sus reclamos buscan activos del deudor en diferentes jurisdicciones que puedan ejecutar para satisfacer sus demandas. Ese es el caso que se busca con la ejecución de Citgo, un bien que se pretende honre las deudas, en algunos casos de Pdvsa y en otros de la República directamente. Sin embargo, dado los montos demandados, es imposible que el valor de Citgo cubra todos los montos demandados, por lo que muchas de esas acreencias, en caso de que se materialice la subasta, quedarán igualmente pendientes”, aseveró Dolores Dobarro.
Entre los demandantes están las transnacionales: ExxonMóvil, ConocoPhillips, Crystallex, Gold Reserve, Rusoro, Tidewater, Phillips Petroleum, Koch Minerals y Siemens Energy. Estos son los casos más conocidos de arbitrajes o litigios, a lo que se les suman varios fondos de inversión igualmente.
Asimismo, están los tenedores de bonos emitidos por Pdvsa en 2016, cuya garantía era el 50,1% de las acciones de Citgo, pero los pagos fueron incumplidos por la administración de Nicolás Maduro, que ha denunciado al gobierno de Estados Unidos de “bloquear” y “robar” los activos venezolanos, en “complicidad” con la oposición del país desde 2019, mientras que la junta directiva ad hoc de Pdvsa, nombrada por el “interinato” de Juan Guaidó, ofreció a los acreedores un proceso de negociación directa, sin ningún tipo de éxito.
“Demás está decir que este proceso ha sido manipulado de manera política por el gobierno norteamericano. Ha pospuesto la decisión judicial debido a sus intereses, con el reconocimiento de un gobierno paralelo al de Maduro, y le asignó a ese gobierno, el derecho de administrar los bienes de la República de Venezuela en Estados Unidos. Los que administran actualmente a Citgo son precisamente los resultados de ese gobierno paralelo que encabezó Juan Guidó y ahí están siendo ellos todavía los representantes de los propietarios de Citgo, que supuestamente es legítimo, que no es precisamente el gobierno que ejerce en Venezuela”, cuestionó Mendoza Potellá.
Juez Leonard Stark, uno de los protagonistas de la historia
De acuerdo con información de Reuters, un consorcio liderado por la empresa minera de oro Gold Reserve, con sede en Spokane, Estados Unidos, abre una nueva ventana al tema de la subasta de Citgo.
La compañía había presentado una “oferta rival” de 7.100 millones de dólares, mientras otros acreedores y abogados que representan a Venezuela en el caso, que ya lleva ocho años en Delaware, presentaron objeciones a la oferta de Red Tree, que fueron anuladas por el juez de distrito estadounidense Leonard Stark.
“La oferta de Red Tree constituye el mejor equilibrio entre los criterios de evaluación, que pueden resumirse en precio y certeza de cierre”, señaló Stark, al considerar que la oferta debería fomentar la competencia.
En mayo de 2024, este juez también desestimó una objeción de Pdvsa y autorizó la recepción de ofertas en un proceso de subasta de las acciones de Citgo y el 11 de junio se confirmó la recepción de las propuestas. Este proceso en ese momento atrajo a inversionistas y firmas con recursos sustanciales, buscando un cambio de propiedad de Citgo.
