Condominios podrían regularizar trámites y abrir cuentas bancarias con mayor facilidad tras instalación de mesas técnicas con el Ejecutivo

El sector de la propiedad horizontal en Venezuela inició una fase de articulación con el Ejecutivo nacional para resolver nudos críticos en materia de registros, fiscal y judicial. Tibaire Altuve, coordinadora de MiCondominio.com, explicó que estas acciones, enmarcadas en el Programa para la Paz y la Convivencia Ciudadana, buscan regularizar la situación legal de aproximadamente 120.000 condominios y 15.000 asociaciones de propietarios en todo el país.

Uno de los logros inmediatos es la incorporación del trámite de sellado de libros en el portal digital del Servicio Autónomo de Registros y Notarías (Saren). Esta actualización técnica sistematiza un proceso que anteriormente carecía de un canal electrónico claro, impidiendo la formalización de las decisiones vecinales.

“En el portal online de donde se solicitan todas las actuaciones se incluyó el sellado de libros, porque no estaba incluido. Es importante porque justamente en los libros de actas de asamblea y en los libros de junta de condominio es donde se estampa esas decisiones que les permiten abrir cuentas, que les permiten hacer demandas, que les permiten ejercer frente a terceros algunas acciones”, detalló Altuve.

La validación de estos libros es el requisito primario para que las juntas de condominio puedan gestionar cuentas bancarias a nombre de la comunidad. Según la vocera, la imposibilidad de tener cuentas propias obliga al uso de cuentas personales de copropietarios, una práctica que resta transparencia y eleva la desconfianza, incidiendo en los niveles de morosidad.

Mesas técnicas con el Seniat y diferenciación del RIF

En el ámbito fiscal, se acordó la creación de mesas técnicas con el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat). El objetivo es establecer una distinción clara entre los condominios y las empresas mercantiles, bajo la premisa de que las juntas de vecinos no perciben ingresos gravables, sino que recaudan fondos para el mantenimiento del inmueble.

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“Nosotros quisiéramos tener una identificación diferente para que el tratamiento tributario fuera diferente, como lo tienen, por ejemplo, los consejos comunales. Ellos tienen una distinción aparte; así como el Jurídico es ‘J’ y el Gobierno es ‘G’, el consejo comunal tiene una ‘C’”, explicó la coordinadora.

Altuve fue enfática al aclarar que este acercamiento institucional no contempla una intervención o supervisión estatal de la administración privada de los edificios, sino una adecuación administrativa para dotar a los condominios de un estatus acorde a su naturaleza sin fines de lucro.

Morosidad y el desafío de la data sectorial

Respecto a la situación económica de los condominios, Altuve señaló que la morosidad se mantiene en niveles cercanos al 40%, con repuntes puntuales observados entre agosto y diciembre debido a las dificultades en el acceso a divisas. Sin embargo, destacó que la falta de cifras oficiales globales dificulta la elaboración de políticas públicas precisas para el sector.

Ante esta realidad, la organización propuso la realización de un censo nacional en colaboración con las alcaldías y el Seniat.

“Un trabajo conjunto pudiera llevarnos a saber cuántos condominios hay en el país. Las alcaldías tienen en sus departamentos de catastro datos que son importantes. Es una tarea complicada y grande, pero necesaria para saber a cuántas personas se está beneficiando”, afirmó.

Hacia una jurisdicción especializada en Propiedad Horizontal

La agenda de trabajo también incluye retomar el diálogo con el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Aunque ya se han constituido jueces de paz comunal, MiCondominio.com plantea la necesidad de crear tribunales especializados de municipio que cuenten con una formación técnica específica en la Ley de Propiedad Horizontal.

“Necesitamos que esos jueces tengan formación en materia de propiedad horizontal, que es una materia muy especializada. Vamos a volver a tocar el tema de los tribunales de la justicia formal para que, así como hay tribunales especializados en banca, mercantil, civil o penal, pueda haber unos tribunales en propiedad horizontal. Esa es la petición”, concluyó Altuve.

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