El sector comercial privado de Venezuela ha hecho un llamado a la administración de Nicolás Maduro para una reforma tributaria que pueda aliviar la carga fiscal que pesa sobre las empresas y así potenciar la productividad. En este contexto, Héctor Orochena, consultor y licenciado en Ciencias Fiscales, propone que el estado venezolano contemple un proceso de «sacrificio fiscal» temporal que implique reducir costos y tributos transitoriamente para “estimular el aparato productivo interno del país”.
Orochena reconoció que dicho sacrificio no sería “una tarea fácil”. No obstante, enfatizó que es crucial que el Estado explore caminos para optimizar la recaudación y fomentar la reinversión en la economía venezolana.
“El Estado debería repensar un poco el tema de la carga fiscal y entrar en un proceso que, podríamos llamar, sacrificio fiscal, reducir algunos costos, algunos tributos de forma temporal y que eso permita a mediano y largo plazo estimular el aparato productivo interno”, dijo.
Subrayó la visión gubernamental que, ante «las sanciones económicas», ve como inconveniente cualquier reducción de los ingresos del Estado. Sin embargo, el especialista contrapone esta posición con la realidad de las empresas, que enfrentan una carga fiscal que oscila entre “el 60% y el 80% de su utilidad”.
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Migración a la informalidad
El consultor explicó que “se ha comprobado mundialmente” que no necesariamente una alícuota alta significa mayor recaudación: La carga fiscal venezolana es tan pesada que muchos emprendedores o empresarios o personas, deciden migrar a la informalidad para evitarla.
“Cuando uno evalúa los eslabones comerciales de una cadena productiva, los porcentajes de valor agregado en estas cadenas comerciales no superan el 50%, a veces menos, el 40%. Entonces, si el porcentaje de valor agregado en cada eslabón comercial es del 40%, una retención del 75% es 25% o 30% más de lo que es el valor agregado en cada eslabón comercial. Lo cual significa que la empresa está pagando más impuestos de lo que técnicamente le correspondería pagar».
Explicó que dicha situación «limita severamente la reinversión de las utilidades para hacer crecer a las empresas». A su juicio, “si el sector privado tuviera mayor capacidad para reinvertir, el efecto a mediano y largo plazo sería altamente beneficioso para todo el país».
“Creo que el Estado tiene mucha capacidad de maniobra para reducir algunos impuestos que podrían mejorar significativamente la posición financiera y económica de las empresas, sin que el sacrificio de la renta del sector público se vea significativamente afectado”, sostuvo.
Impuesto “anacrónico”
Con respecto al impuesto a los grandes patrimonios, abogó por su eliminación. Además, lo calificó como «anacrónico» y un «peso muerto» para los empresarios del país: “Es un impuesto de esos que uno calificaría en el sistema tributario como un impuesto de guerra. Es de esos tipos de impuestos que son creados cuando hay gran crisis económica y justamente son establecidos por el marco temporal”
Destacó que “en Venezuela implantaron un Impuesto a los Grandes Patrimonios de forma permanente y en muchísimos casos las empresas están pagando impuestos, pero están incurriendo en un costo importante en la determinación de la obligación”.
