El regreso de la política de máxima presión contra Venezuela por parte del segundo gobierno de Donald Trump ha sido cuestionada por expertos y ONG no solo por su ineficacia, pues durante su implementación en 2019 no logró un cambio de gobierno en Venezuela -que se supone era su objetivo- sino también por el impacto que las sanciones económicas han tenido en la población. Una de esas voces críticas es Francisco Rodríguez, quien considera que se trata de un mecanismo de coacción que “colapsaría la economía” y que ha probado ser “ineficiente” para provocar un cambio político en el país.
“Las sanciones no se están imponiendo para sacar a Maduro, ni se están imponiendo para ayudar a los venezolanos. Se están imponiendo para responder a la presión de grupos en el exterior, tanto de venezolanos como de exiliados cubanos que tienen poder político y financiero”, afirma Rodríguez, economista y profesor de la Escuela Korbel de Estudios Internacionales en la Universidad de Denver, en referencia a un reciente estudio publicado por Dany Bahar y Ricardo Hausmann, titulado Las sanciones a Venezuela no impulsan la migración hacia la frontera suroeste de EE.UU.
Según Rodríguez, el documento elaborado por ambos economistas presenta “serios problemas metodológicos y errores de codificación en su análisis”. Además, aseveró que «las sanciones causan más emigración. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque el trabajo de Bahar y Hausmann no fue arbitrado. El proceso de arbitraje cumple un rol fundamental, entre otras cosas, para evitar errores como los que ellos cometieron”.
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-Usted ha sostenido durante varios años que las sanciones económicas han afectado la calidad de vida de los venezolanos, ¿cómo se puede sustentar esa afirmación?
-La afirmación se sustenta sobre la base de un conjunto de trabajos académicos que he publicado a lo largo de los últimos años. Entre ellos se encuentran cuatro artículos en revistas internacionales arbitradas, dos capítulos de libros también arbitrados y un libro igualmente sometido a arbitraje académico, publicado por una universidad. Este libro, titulado El colapso de Venezuela: política de tierra arrasada y declive económico 2012–2020, fue publicado el mes pasado por la Universidad de Notre Dame.
En estas investigaciones he analizado el impacto que han tenido las sanciones sobre la economía venezolana, en particular sobre la producción petrolera, así como sobre la productividad del sector no petrolero. He encontrado evidencia sólida de un impacto significativo. Por ejemplo, al analizar la serie de tiempo de la producción petrolera, se observan varios quiebres de tendencia que llevan a la producción a niveles más bajos, coincidiendo con los principales eventos de imposición de sanciones: las sanciones financieras de agosto de 2017, las sanciones petroleras primarias de enero de 2019 y las sanciones petroleras secundarias de febrero de 2020.
Además, he estudiado el comportamiento de las empresas mixtas en la faja del Orinoco, mostrando que aquellas que perdieron acceso a financiamiento como resultado de las sanciones financieras de 2017 vieron su producción caer rápidamente. En mi libro presento una serie de cálculos para cuantificar el efecto de las sanciones sobre la economía venezolana. Encuentro que el 52% de la caída del producto interno bruto es atribuible a las sanciones. En otras palabras, de no haber sido por las sanciones, Venezuela habría experimentado una contracción no del 71,5%, como fue el caso, sino del 34,2%.
Esencialmente, las sanciones afectaron la economía venezolana a través del impacto que tuvieron sobre el sector petrolero, que es el principal generador de divisas del país. Al mismo tiempo, también afectaron la productividad no petrolera, al aislar a la economía venezolana de sus vínculos financieros y comerciales con el resto del mundo, lo cual impactó severamente al sector privado.
-Ha comentado el estudio realizado por Bahar y Hausmann que habla de las sanciones y la migración. Ha señalado que tiene errores de codificación. ¿A qué se refiere concretamente?
-La semana pasada, junto a David Rossnick y Giancarlo Bravo, publiqué una nota técnica en la que discutimos los problemas del trabajo de Bahar y Hausmann. Bahar y Hausmann habían argumentado, en un papel de trabajo y en una columna de opinión en Americas Quarterly, que el alivio de sanciones había generado una ola de migración de venezolanos hacia Estados Unidos. Es decir, atribuían el aumento en la migración venezolana al alivio de sanciones.
En nuestro trabajo mostramos serios problemas metodológicos y errores de codificación en su análisis. En particular, identificamos dos errores. El principal fue que utilizaron un comando estadístico incorrecto en su programa de estimación: calcularon lo que en matemáticas se llama un operador de duodécima diferencia —un operador complejo— en lugar de calcular las variaciones interanuales, que era lo que afirmaban estar calculando. Mostramos que ese error estaba presente en su código y que alteraba por completo sus resultados. Ellos habían reportado una relación estadísticamente significativa, pero esa relación desaparece y deja de ser significativa una vez que se corrige el error.
Bahar y Hausmann ya han reconocido que cometieron el error, que su código era incorrecto, y que la significancia estadística de sus resultados desaparece cuando se corrige. Sobre ese punto, no hay discusión: ha sido reconocido por los propios autores.
Ahora bien, también señalamos que el estudio tiene varios problemas metodológicos adicionales. Por ejemplo, utiliza datos de cruces fronterizos de venezolanos en la frontera suroeste de Estados Unidos para intentar medir el impacto de los ingresos petroleros en Venezuela sobre estos migrantes. Sin embargo, muchos de estos migrantes habían salido del país años antes y residían en países como Colombia, Perú o México, por lo que ni los ingresos petroleros ni las sanciones venezolanas los afectan directamente.
De hecho, Bahar y Hausmann utilizan como indicador de los ingresos petroleros el precio del petróleo, bajo la hipótesis de que, a medida que Maduro tiene más dinero, más gente decide emigrar. Lo que nosotros mostramos, en cambio, es que esos precios del petróleo estaban fuertemente correlacionados con la recuperación económica en Estados Unidos. Por tanto, lo que en realidad estaba ocurriendo no era que más venezolanos migraban a Estados Unidos porque subían los ingresos petroleros, sino que lo hacían porque las condiciones económicas en Estados Unidos estaban mejorando.
-El estudio sostiene que el aumento del ingreso petrolero ha desencadenado una mayor migración de venezolanos. ¿No guardan relación estos dos elementos?
-No es que no guarden una relación; más bien, la evidencia nos dice que guardan la relación opuesta a la que Bahar y Hausmann afirman. Ellos habían argumentado que el alivio de sanciones lleva a una mayor migración, pero en realidad sobre este tema existen estudios arbitrados —no solo míos, sino de muchos otros autores— que muestran que son las sanciones las que generan mayor emigración.
Por ejemplo, hay un trabajo de Gutmann, Langer y Neumeyer publicado en Journal of Economic Behavior and Organization, una de las revistas académicas más prestigiosas en economía, que encuentra un efecto muy fuerte de las sanciones sobre la emigración: las sanciones causan más emigración. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque el trabajo de Bahar y Hausmann no fue arbitrado. El proceso de arbitraje cumple un rol fundamental, entre otras cosas, para evitar errores como los que ellos cometieron.
Como académico, debo decir que me encuentro en parte confundido y en parte decepcionado por la reacción de Bahar y Hausmann. A pesar de haber cometido un error, y a pesar de que sus resultados desaparecen al corregirlo, ellos continúan afirmando en intervenciones en redes sociales que el alivio de sanciones es lo que lleva a más migración, y no han retirado su artículo en Americas Quarterly, que es una publicación dirigida a formuladores de políticas. Esto va en contra de lo que se espera —y de lo que es éticamente correcto— cuando surgen este tipo de problemas. Los académicos, como cualquier otra persona, debemos reconocer nuestros errores y aceptar cuando nuestros resultados cambian, cuando esos cambios afectan nuestras conclusiones.
Esto es muy importante entenderlo. Después de que se corrige el error en el trabajo de Bahar y Hausmann, ninguno de sus coeficientes es estadísticamente significativo a niveles estándar. Lo que esto indica es que cualquier asociación aparente entre sanciones y migración es simplemente producto del azar, no refleja una relación real. En economía o econometría usamos un indicador para esto que se llama el valor p. En la especificación que ellos mismos presentaban como la más sólida, el valor p es de 12%. Eso quiere decir que solo hay un 12% de probabilidad de que exista una relación positiva entre sanciones y migración, o dicho de otro modo, un 88% de probabilidad de que no exista tal relación.
A pesar de esto, ellos continúan defendiendo una hipótesis que no está respaldada por la evidencia. Y, lamentablemente, desde que se hizo público su error lo único que hicieron fue llevar a cabo una corrección sigilosa en la página web de su trabajo, no han vuelto a intervenir en el debate académico. No han intentado defender su trabajo porque saben que, en el fondo, ese trabajo es esencialmente indefendible.
–¿Cómo explicar una migración tan masiva (teniendo en cuenta el costo) si la calidad de vida del venezolano ha sido tan vulnerada?
-La migración masiva que ha ocurrido es claramente producto del colapso económico venezolano. La economía venezolana experimentó, entre 2012 y 2020 la caída más fuerte vista por cualquier país fuera de tiempos de guerra. Venezuela es un país que tradicionalmente había tenido muy poca emigración, y esta se acrecienta y se exacerba precisamente como resultado del colapso económico. Colapso al que las sanciones contribuyeron significativamente. No son la única causa, obviamente, pero sí contribuyeron.
Entonces, argumentar —y esto es importante— que fueron los mayores ingresos petroleros los que causaron la emigración, y no su caída, no tiene la más mínima consistencia con la realidad venezolana. Es un argumento verdaderamente extraño, y creo que ha sido formulado con la intención de convencer a personas que no conocen los datos de Venezuela. Lamentablemente, muchos —o al menos algunos— de quienes participan en la formulación de política en Estados Unidos no conocen ni los datos ni la realidad económica venezolana.
Pero si analizamos este tema con detenimiento y con seriedad, nos vamos a dar cuenta de lo que, tal vez, es obvio —y creo que es obvio para muchos venezolanos que están emigrando o que ven a sus familiares emigrar—: lo que genera el éxodo migratorio en Venezuela es el colapso de las oportunidades económicas, el colapso de los salarios, el colapso de los niveles de vida, el aumento de la desnutrición, de la inseguridad alimentaria, y el deterioro de las condiciones de salud. Todo eso está íntimamente ligado con la caída del ingreso per cápita y la caída de los ingresos petroleros venezolanos, que descendieron un 93% durante este período.
De hecho, los datos —los de R4V, del Banco Mundial, de Naciones Unidas— indican que en los últimos años ha disminuido la emigración venezolana, precisamente a medida que la economía venezolana ha comenzado a estabilizarse. Por eso, hay una alta probabilidad de que, si se regresa a la política de máxima presión, si se vuelven a imponer sanciones económicas más duras y se revierte el alivio que ocurrió a finales de la administración Biden, lo que veremos será una nueva ola migratoria.
También quiero subrayar que este fenómeno se ve claramente en la primera decisión migratoria: la de salir de Venezuela. Una vez que una persona sale del país y se instala en otro —en Colombia, en Perú, en México, en Chile—, se enfrenta a otra decisión, que es a qué país se muda o si se queda donde está. Esa decisión no depende tanto de lo que ocurre en Venezuela, sino de lo que pasa en los países receptores. Por eso es tan inusual e inexplicable —habla de una excepción metodológica— que Bahar y Hausmann intenten usar los flujos de personas que ya llevan tiempo fuera del país para evaluar el impacto de las sanciones.
Y esa es, por cierto, la razón por la cual sus resultados no son significativos: lo que esos datos están diciendo es que no tienen contenido informativo relevante para evaluar el efecto de las sanciones sobre la emigración. Si uno quiere evaluar ese efecto, tiene que estudiar la decisión de salir de Venezuela, no la decisión de una persona de mudarse de Perú a Estados Unidos.
-Usted dijo sobre el documento que «las implicaciones normativas de estas afirmaciones resultan preocupantes». ¿Qué sería lo preocupante?
-Más allá de los errores analíticos que he comentado, a mí me parece que el argumento de Bahar y Hausmann a favor de las sanciones es profundamente problemático. Es importante recordar que, ciertamente, Ricardo Hausmann ha defendido de manera enérgica tanto el uso de sanciones como la estrategia de máxima presión. Pero el razonamiento detrás de esa postura merece un análisis crítico.
Supongamos, por un momento, que tuvieran razón —aunque no la tienen, porque hemos demostrado que los datos no respaldan su argumento, y ellos mismos lo han reconocido—. Aun así, su lógica de política pública resulta profundamente cuestionable. Ellos sostienen que las sanciones evitarían que los venezolanos migraran por dos razones.
La primera es que las sanciones revivirían la esperanza de que Maduro caiga. Según este razonamiento, al endurecer las sanciones, la gente pensaría: “Ahora sí se va Maduro”, y eso los motivaría a quedarse. Pero sabemos que eso no ha ocurrido. Maduro ha logrado sobrevivir sanciones extremadamente severas, como las impuestas durante el primer episodio de máxima presión en la administración Trump. Además, la literatura sobre sanciones es clara: no hay evidencia sólida de que sirvan para sacar a gobiernos del poder. Entonces, lo que estarían haciendo —según su lógica— sería engañar deliberadamente a la población, haciéndoles creer que las sanciones traerán el cambio político que no pueden garantizar.
La segunda razón que plantean me parece incluso más grave. Dicen que, a medida que el país se empobrece más, la gente no puede migrar porque no tiene recursos para hacerlo. Es decir, entre más colapsada esté la economía, más difícil es para los venezolanos salir. La lógica que se desprende de esto es sumamente perversa: si hacemos que Venezuela sea más pobre, entonces la gente no podrá emigrar y así “resolvemos” el problema migratorio. Pero esa “solución” consiste en atrapar a los venezolanos dentro de una economía colapsada, lo cual es inaceptable desde cualquier punto de vista ético.
Lamentablemente, me parece que este tipo de argumentos reflejan una forma de pensar muy peligrosa. Pero ya he perdido, en cierta medida, la capacidad de sorprenderme. En los últimos años hemos visto a defensores de la política de máxima presión, como el senador Marco Rubio, justificar o apoyar violaciones directas a los derechos humanos y al debido proceso de los venezolanos. En el fondo, la lógica es la misma: tratar a los venezolanos como instrumentos para alcanzar un objetivo político —en este caso, sacar a Maduro del poder—, sin importar cuánto sufrimiento se les imponga en el camino.
Por eso creo que la posición de Bahar y Hausmann, como la de Marco Rubio, obedece a una misma línea de pensamiento, y es un pensamiento profundamente perverso, que persigue tratar a los venezolanos como un instrumento para alcanzar un objetivo político.
–A su juicio, ¿qué propósito tiene la imposición de sanciones a Venezuela?
-Esta es una pregunta muy interesante, porque el propósito de la imposición de sanciones no puede ser sacar a Maduro del poder, ya que sabemos que las sanciones no sacan a dictadores del poder. Sabemos que las sanciones no han sacado a Maduro, no han sacado al régimen cubano, no han sacado a Ortega, no han sacado a Kim Jong-un, no han sacado al régimen iraní. Las sanciones son extremadamente ineficientes, y la literatura lo demuestra: son una herramienta ineficaz para lograr un cambio de régimen.
Entonces, cuando sus promotores dicen que el objetivo de las sanciones es sacar a un gobierno del poder, están proponiendo una meta que la evidencia empírica demuestra que no es alcanzable. En este sentido, hay evidencia muy interesante. Por ejemplo, hay un artículo de Tyler Kustra, publicado en 2021 en Journal of Conflict Resolution, que muestra que uno de los principales determinantes de la imposición de sanciones es el porcentaje del electorado de la diáspora del país sancionado que reside en los “swing states” de Estados Unidos, es decir, los estados que determinan los resultados electorales en el sistema del colegio electoral.
Ese estudio indica que, si el porcentaje de votantes de la diáspora por un país dado aumenta en un punto porcentual en uno de esos estados clave, la probabilidad de que se impongan sanciones a ese país aumenta en 11 puntos porcentuales. Y esto es muy consistente con lo que hemos visto en el caso venezolano.
Lo que en realidad está ocurriendo es que la política de sanciones responde a la presión de ciertos sectores de la diáspora que favorecen fuertemente las sanciones. Lo hacen no solo como una forma de castigar al régimen, sino también a quienes perciben como sus simpatizantes —incluyendo a los venezolanos que aún viven en el país. Esa lógica es profundamente punitiva, y está orientada más hacia el castigo que hacia la búsqueda de soluciones.
Esto también ayuda a explicar la continuidad de la política de sanciones contra Cuba. Hay grupos radicalizados en el exilio que han tenido una influencia desproporcionada en la formulación de estas políticas. En el caso venezolano, por ejemplo, la revocación de las licencias petroleras vino después de la presión ejercida por tres congresistas republicanos de origen cubano, a quienes se ha llegado a conocer como los “Crazy Cubans”.
Por eso creo que las sanciones no se están imponiendo para sacar a Maduro, ni se están imponiendo para ayudar a los venezolanos. Se están imponiendo para responder a la presión de grupos en el exterior, tanto de venezolanos como de exiliados cubanos, que tienen poder político y financiero en estados como Florida. Dentro de esos grupos, la política de sanciones es muy popular, y son ellos quienes, en gran medida, están empujando en esta dirección. No es una coincidencia que figuras como Marco Rubio —que representan precisamente a esos grupos— estén entre los principales defensores de una política de máxima presión sobre la economía venezolana.
