Los equipos jurídicos de la Vicepresidencia Ejecutiva, junto con los de los ministerios de Relaciones Exteriores, Hidrocarburos y Comercio Exterior, contemplan denunciar al gobierno de Estados Unidos ante la Organización Mundial de Comercio (OMC) por la imposición de aranceles de 25% a los países que compren petróleo venezolano, señala el semanario Exclusivas Económicas.
La solución de diferencias comerciales es una de las actividades básicas de la OMC y el gobierno de Nicolás Maduro ya hizo referencia en un comunicado que la Orden Ejecutiva emitida por el presidente Donald Trump viola el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT, por sus siglas en inglés), que fue el precedente para que se creara esta organización a la que Venezuela se incorporó en 1995, explica el seminario.
Las denuncias ante la OMC comienzan previamente con lo que se conoce como una solicitud de celebración de consultas, con el fin de que las partes -en este caso Estados Unidos y Venezuela- debatan el tema de la imposición de aranceles y se encuentre una solución satisfactoria sin necesidad de llegar a un litigio.
Venezuela alegará que el cobro de aranceles viola los principios del GATT y de la propia OMC, como es el de “nación más favorecida”, el cual prohíbe toda discriminación de un país hacia sus socios comerciales, en este caso Estados Unidos.
Exclusivas Económicas agrega que -según el argumento de Venezuela- también contradice la prohibición de establecer restricciones cuantitativas.
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En enero de 2019, el gobierno de Maduro emitió un recurso similar ante la OMC para denunciar a Estados Unidos por las sanciones que impuso al sector petrolero. Para ello, se solicitó la celebración de consultas con Estados Unidos en el marco del procedimiento de solución de diferencias de este organismo.
«Venezuela alega que determinadas leyes y reglamentos estadounidenses relativos a bienes de origen venezolano, la liquidez de la deuda pública venezolana, las transacciones en moneda digital venezolana y la lista de nacionales especialmente designados y de personas bloqueadas son incompatibles con el Acuerdo del GATT de 1994 y el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios de la OMC», indica el documento que se introdujo ante esa institución.
Las consultas entre las partes, sin embargo, no se dieron porque el gobierno de Estados Unidos, en ese momento encabezado por Donald Trump en su primera administración y luego por Joe Biden, no reconocía a Maduro como mandatario ni a sus autoridades. Esa situación se ha mantenido durante más de seis años.
En tal sentido, la expectativa de una decisión de la OMC no es vista como la opción para revertir la medida arancelaria de Trump, pero sí se considera importante para sumar este expediente a los que ya empiezan a acumularse contra Estados Unidos por imposición de aranceles. Primero fue China a principios de febrero y le siguió Canadá a mediados de marzo por el caso del acero y el aluminio, puntualiza Exclusivas Económicas.
