Los dirigentes empresariales hacen ver en sus declaraciones que es factible que el gobierno de Nicolás Maduro solicite a la Asamblea Nacional la derogación de la Ley Orgánica de Precios Justos, que en la práctica se ha desaplicado, sobre todo en lo referido a las fiscalizaciones, imposición de multas u órdenes de cierre temporal de empresas y establecimientos comerciales como sí ocurrieron durante los momentos más férreos del control de precios, cuya vigencia se extendió casi por 20 años, señala el semanario Exclusivas Económicas.
El gobierno, sin embargo, no está ganado a su eliminación. Internamente se mantiene la idea que en algunos casos se requiere para evitar lo que llaman “especulación” en la fijación de precios de determinados bienes básicos que tienen como referencia el dólar, cuyo cálculo para el pago en bolívares se debe regir por la tasa oficial que reporta diariamente el Banco Central de Venezuela.
“A los especuladores les vienen días muy malos”, ha dicho Maduro. “El objetivo es tener precios justos y asequibles para nuestro pueblo y acabar con la especulación”.
La afirmación en principio implica enviar advertencias para evitar repunte en precios, pero los fiscales de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde) están a la espera de recibir la autorización para salir a las calles e imponer sanciones a comercios que incurran en presuntas violaciones a la Ley Orgánica de Precios Justos, advierte Exclusivas Económicas.
