El objetivo de la reestructuración de la deuda debe ser transformar a Venezuela en un país solvente; que la reestructuración sea la última; que la deuda no sea un lastre para la generación de crecimiento económico y empleo; y que tanto el sector público como el sector privado obtengan acceso ininterrumpido al mercado de capitales internacional. Una reestructuración mal hecha puede retrasar y afectar de manera negativa la inserción de Venezuela en los mercados de capitales y el crecimiento del país.
La estructura de la deuda pública de Venezuela no es sencilla: incluye deuda de bonos de la República y de PDVSA, deuda comercial, bilateral, multilateral y deuda judicial (“judicial claims”). El nivel de deuda es elevado y las estimaciones oscilan entre USD 170 mil millones y USD 240 mil millones (muy por encima del PIB estimado por el FMI para el 2026 de USD 111 mil millones). Para un país normal, un proceso de reestructuración de deuda con niveles y estructura parecido al de Venezuela sería bien complejo; pero Venezuela no es un país normal, lo que convierte la negociación en un escollo aún más desafiante.
Como el estado de La Guaira después del doble terremoto, las instituciones públicas y su capacidad de cumplir sus funciones básicas han sido diezmadas. ¿Sabemos el nivel del déficit fiscal y su composición, de la deuda pública, de la situación financiera de las empresas públicas del Estado —incluyendo a PDVSA—, de sus instituciones financieras públicas, de la situación financiera de la seguridad social, de la situación financiera del Banco Central y de la sostenibilidad de su política monetaria y cambiaria? La respuesta es un rotundo no. Sin una respuesta a estas interrogantes no sabremos cuál será la capacidad de pago del Estado venezolano, y la reestructuración de su deuda sería un ejercicio estéril y, lo más probable, un rotundo fracaso.
¿Qué hacer entonces? ¿Nada? No. El proceso debe comenzar lo antes posible para sentar las bases para una renegociación de la deuda exitosa. El terremoto hace aún más urgente que Venezuela tenga acceso a fondos internacionales, inicialmente de las multilaterales, para acometer el proceso de reconstrucción. Los siguientes pasos deberían tomarse, muchos de ellos en paralelo.
El primer paso es llegar a un acuerdo con la mayoría de los acreedores para hacer una auditoría independiente de la deuda de la República y de PDVSA. El segundo paso sería pedirle —o más bien exigirle— al FMI, a otras multilaterales, a las Naciones Unidas y directamente a países amigos, asistencia técnica para el levantamiento de la data necesaria para entender la situación económica, fiscal y nivel de deuda pública del país (este proceso ha comenzado, pero de manera muy tímida).
Esta asistencia técnica tendría como objetivo la formación de capital humano en instituciones como el Ministerio de Finanzas, el Banco Central y el Seniat (entre otros), para la generación y análisis de data económica. Sin información y sin capacidad de analizarla no se puede hacer política económica. Esta ayuda técnica facilitaría la reinstitucionalización del país.
En tercer lugar, pedirle al FMI que elabore un Artículo IV y que lo haga público, sin restricciones en cuanto a lo que puede divulgar el FMI en dicho documento. Este documento hará del conocimiento público la situación económica del país y de sus finanzas públicas.
En cuarto lugar, diseñar una estrategia de renegociación con el objetivo de que sea un éxito y no una seguidilla de renegociaciones; que minimice el riesgo de que un grupo de acreedores —los “holdouts”— comiencen procesos judiciales contra Venezuela para cobrar el 100% de su acreencia; y que la deuda tenga una quita lo suficientemente grande para que no sea un lastre sobre el crecimiento, y lo suficientemente pequeña que garantice que Venezuela volverá a tener acceso relativamente rápido a los mercados de capitales (El bufete Cleary Gottlieb publicó una nota con ideas bastante novedosas sobre el proceso de reestructuración: link).
También la estrategia debe incluir una senda para abordar a los diferentes tipos de acreedores y garantizar la mayor participación posible en el menor tiempo posible. También se tiene que diseñar los distintos bonos por los cuales se canjeará la deuda en “default”, y estos pudieran incluir instrumentos financieros ligados a la producción petrolera (parecidos a los utilizados en la reestructuración de la deuda de Surinam para que los bonistas tengan un mayor incentivo de participar).
¿Debería Venezuela llegar a un acuerdo con el FMI? Creo que sí. En primer lugar, un programa se traduciría en mayores recursos de multilaterales, necesarios para la reconstrucción del país, especialmente después del terremoto. En segundo lugar, en un país con mucha debilidad institucional, el acuerdo le daría un ancla y mayor credibilidad a la política económica. Como Venezuela en el acuerdo de 1996, la experiencia de Ecuador con el FMI no había sido auspiciosa; sin embargo, el último acuerdo, que aún está vigente, ha sido exitoso y también comenzó durante un proceso de transición política. No ha sido fácil, pero se ha traducido en un mejor manejo fiscal y ha permitido que Ecuador acceda a los mercados de capitales internacionales.
La política petrolera cambió radicalmente después del 3 de enero y lo inesperado está sucediendo: la política petrolera del gobierno y la de la oposición están convergiendo (una por necesidad y otra por convicción). La nueva Ley de Hidrocarburos permite la participación del sector privado en toda la cadena productiva y cambió el sistema impositivo para hacer financieramente más viable la inversión del sector privado en el sector petrolero.
El gobierno está en medio de una reestructuración de los activos del Estado (sector petrolero, minero y eléctrico, entre otros) y ha anunciado que en paralelo quiere reestructurar la deuda pública. Cómo se lleve a cabo la reestructuración de los activos del Estado tendrá un impacto sobre la reestructuración de la deuda, ya que impactará el crecimiento económico, la recaudación fiscal y la composición de activos y pasivos del Estado.
El gobierno debería diseñar un proceso transparente y con criterios claros de cómo y a quién se adjudican los activos (o el derecho de explotar los activos del Estado). Por ejemplo, el gobierno podría subastar los campos petroleros y utilizar los ingresos para crear un fondo para invertir en la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto.
El caso de Chevron es un ejemplo de manejo de activos y pasivos del Estado. Si se quiere, este acuerdo marcó el inicio del proceso de reestructuración de deuda pública. PDVSA y Chevron firmaron en 2022 un acuerdo en el cual PDVSA le cedía a Chevron toda la operación y ventas de la producción de las empresas en las que ambas estaban asociadas.
A cambio, Chevron le transfería al gobierno el 50% de las ventas en forma de pago de impuestos, el 30% de las ventas iba para financiar la operación de la empresa y el 20% para el pago de la deuda de PDVSA con Chevron. No hay información pública sobre la negociación, ni sobre si la deuda se negoció con descuento; sin embargo, sabemos que la producción petrolera de Chevron, de acuerdo con Reuters, está en 290 mil barriles diarios, frente a un nivel mínimo de 50 mil. Más aún, el CEO de Chevron, Mike Wirth, anunció que la deuda debería quedar cancelada en su totalidad este año.
Este tipo de transacción, que implicaba una coordinación en el manejo de pasivos y activos del Estado, se tradujo en un aumento de la producción petrolera y una reducción de la deuda de PDVSA. Entiendo que algo parecido se implementó con Eni y Repsol y pudiera considerarse con otras empresas petroleras que tienen acreencias contra la República. Si los activos se entregan a discreción y sin una estrategia bien definida, el gobierno podría estar transfiriéndole al sector privado parte del valor de sus activos.
La reestructuración de la deuda no debe ser un proceso aislado; debe venir acompañada de un programa económico creíble que garantice la sostenibilidad de la deuda, genere crecimiento, empleo y estabilidad social de manera sostenida. De lo contrario, otra reestructuración será inevitable y con ella vendrá otro periodo de inestabilidad económica. Hoy pareciera que el gobierno quiere renegociar la deuda lo antes posible. Con tantas interrogantes sobre la situación fiscal y económica y el programa económico del gobierno por contestar esto pareciera una estrategia bien riesgosa y con poca probabilidad de éxito.
Estados Unidos debe que jugar un papel fundamental en este proceso de reconstrucción institucional y económico del país. Nos guste o no, ellos ya son parte fundamental de la toma de decisiones en Venezuela y tienen la capacidad de poner presión sobre el gobierno y la oposición y de catalizar acuerdos. Si esta palanca se emplea apropiadamente, puede ser beneficiosa para EE.UU. y para Venezuela. Para los EE.UU., Venezuela se convierte en una fuente confiable de energía, en una economía pujante que se traduce en un menor flujo de inmigrantes y en una fuente de estabilidad para la región. Para Venezuela, habría un proceso de reinstitucionalización y de una transición hacia la democracia.
En este proceso la transparencia es crucial: transparencia en cómo se llevan a cabo las negociaciones entre el gobierno y toda la oposición para fijar un calendario electoral y los cambios institucionales que garanticen unas elecciones confiables. Transparencia en el manejo de las ventas petroleras que administra el gobierno de EE.UU.; transparencia en la adjudicación de contratos petroleros, mineros y otros activos del Estado; y transparencia en la reestructuración de la deuda.
No debe parecer que Venezuela es un botín donde se reparten contratos a discreción y se reestructura la deuda sin criterio; Venezuela no debe parecer El Oklahoma Land Run de 1889, donde el gobierno de EE.UU. organizaba carreras de distribución de terrenos de 160 acres donde el primero que llegaba y clavaba una estaca en el terreno era propietario del mismo. Esa percepción de arrebato de activos debilitará el apoyo político y popular a cualquier acuerdo que busque solucionar el problema político y económico de Venezuela, afectando su credibilidad y su permanencia en el tiempo.
En el Japón posterior a la Segunda Guerra Mundial, EE.UU. jugó un papel fundamental en la reestructuración institucional del país con su participación en la reforma constitucional de 1947. Japón es hoy un país próspero y con una democracia dinámica que mantiene la misma constitución. EE.UU. puede y debe jugar el mismo papel en Venezuela. Debe ser el facilitador y garante en los acuerdos entre el gobierno y toda la oposición para que, como Japón, Venezuela se convierta en un país normal con una democracia vibrante.
Estados Unidos debe llevar a las partes a un acuerdo mínimo que abarque la transición hacia la democracia, fijando una fecha electoral creíble, garantías para el chavismo, y acuerdos de respeto a lo avanzado en materia de política energética y minera entre otras. Un gobierno de transición acordado entre el gobierno, EE.UU. y toda la oposición con un mandato claro y fecha de vencimiento puede ser parte de la solución. Para los inversionistas nacionales e internacionales, este acuerdo daría una clara señal de continuidad de política incluso bajo un nuevo gobierno, y aceleraría el proceso de inversión y de crecimiento económico. Para el venezolano, que Venezuela está avanzando en la ruta para convertirse en un país normal.