Jorge Roig sabe cuántas empresas formales hay en Venezuela, cuántos trabajadores activos se levantan cada mañana y cuánto cuesta la canasta alimentaria. Parecieran datos menores, pero son cifras que muy pocos manejan con exactitud.
Ingeniero de profesión, expolítico, empresario, pero sobre todo un gran negociador, hoy es el representante de Fedecámaras ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Su empeño por impulsar el diálogo social que, hasta el momento pareciera estar en el limbo, lo lleva a seguir perseverando en la búsqueda de espacios de entendimiento que ayuden en algo a que Venezuela no sucumba.
-¿Cuántas empresas hay en Venezuela?
-Según un estudio que hicimos en ICG, hay 480.000 empresas abiertas y que pagan impuestos, de acuerdo con un estudio privado que contempla base de datos tributarias de empresas formales del país.
-¿Qué tipo de empresas son?
-El 53% son comercios y 32% son servicios. Entre comercio y servicio se lleva 85% del total. Apenas hay 6% es industria, 2% finanzas, y 1% construcción
-¿Dónde están ubicadas?
-Se ubican en los 11 municipios más importantes del país. Si hablamos de ciudades, serían Barcelona, Maracaibo, Barquisimeto, Puerto Ordaz, Maracay y Valencia y Gran Caracas, y en la zona de Paraguaná, en el estado Falcón.
-¿A cuánto asciende la fuerza laboral formal en Venezuela?
-En el sector público las cifras son poco trasparentes. Sin embargo, se calcula que entre pensionados y jubilados son 5 millones de trabajadores y los empleados públicos son 3 millones de trabajadores. Esto da un total de 8 millones de trabajadores sólo en el sector público. El sector privado tiene 3,2 millones de trabajadores activos. La informalidad no la hemos medido.
-¿Tienen algún cálculo de la informalidad?
-De hecho, creo que en Venezuela nadie tiene una cifra adecuada del número de trabajadores y de empresas informales.
¿Cuál debería ser el ingreso para cubrir las necesidades esenciales?
-En este momento nos estamos haciendo esa pregunta en la mesa tripartita de discusión del salario, donde participan los trabajadores, el gobierno y los empleadores. Ya hemos hecho 26 reuniones hasta ahora y este mes nos reuniremos para revisar cuáles son los criterios. Nosotros no tenemos la potestad de fijar el salario mínimo, pero si la obligación por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de fijar los criterios.
Hay varios criterios para fijarlo. El primero es la canasta alimentaria. Aunque hay varias en Venezuela, se utiliza un promedio de todas que está por el orden de los 370 dólares para cuatro personas o para cinco personas. Con dos personas que estén aportando por hogar con salario mínimo de 180 dólares, podrían llegar solo cubrir la canasta alimentaria. No estamos hablando de la básica que incluye otros conceptos como pago de servicios, transporte, medicinas.
Otro de los indicadores es la inflación, pero en Venezuela medir cuál debería ser un salario mínimo basado en este indicador es difícil. No como en otros países donde la inflación es baja y puedes fijarte un salario minino de 300 dólares. Ese método en Venezuela está absolutamente descartado porque no hay una base racional. Aquí el salario mínimo es poco menos que una referencia que solo se usa para los recálculos de prestaciones sociales, lo que es una desviación absoluta de lo que debería ser. Lo más adecuado es usar el de la canasta alimentaria.
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-¿Cuánto ha crecido la carga tributaria para el sector privado?
-Evidentemente la voracidad fiscal que existe ahora en materia tributaria viene de las alcaldías, porque el Seniat penaliza e investiga más que antes, pero la barrera impositiva es la misma, pues paga el impuesto sobre la renta (ISLR) y el impuesto al valor agregado (IVA).
En cambio, lo que sí se ha desatado es la voracidad de las alcaldías. Se suponía que la Ley de Armonización Tributaria pondría orden en esta materia, pero no ha sido así en la práctica. Muchos alcaldes siguen haciendo lo que les da la gana y todos llegan a los topes máximos y cobran impuestos que no están ni contemplados. Te cobran por áreas comunes, por anuncios de identificación de locales. Hay una imaginación tributaria terrible que hace que el sector empresarial se sienta muy agobiado.
-¿Cuáles son las tres principales necesidades del sector?
-En la última encuesta de realidad del sector empresarial, la mayoría coincide en que la falta de crédito es el primer problema. El segundo es la incertidumbre política, pero fíjate que está por debajo del crédito, lo que a mí me sorprendió. El tercer problema es el tema tributario, donde todo el mundo se siente amenazado y no permite que se formalicen empresas. Ese es el inconveniente por el que muchas empresas formales se están pasando a informales, para evadir impuestos y esto sucede a gran velocidad.
Luego hay otros problemas como la falta de combustible, especialmente en el sector agrícola, así como el contrabando y la política arancelaria. Fíjate qué poco se menciona la inseguridad, lo cual es una buena noticia, ya que no se reportan robos o amenaza de expropiación.
-¿Cómo ha reaccionado el sector privado ante la revocatoria de las licencias?
-Yo comparto el documento publicado por Fedecámaras, donde hace un llamado al gobierno de Estados Unidos y de Venezuela a retomar conversaciones. Otros actores relacionados con la industria petrolera deberían pronunciarse y no lo hacen. La verdad es que se pronuncia poco la relación con el gobierno, que es estrecha por la naturaleza de la operación, lo que es razonable. Pero la verdad es que tú nunca verás a un representante del sector petrolero diciendo que los pagan están retrasados, que no son transparentes las licitaciones, etc.
-¿Continúa el diálogo social en Venezuela o está roto?
-Estoy en Ginebra por eso. ¿Por qué se rompe el diálogo social? Primero que nada, ese diálogo es tutelado y promovido por la OIT. El concepto de diálogo social es el de la organización, es decir, entre empresarios, trabajadores y gobierno. Se han hecho cuatro foros con las quejas de Fedecámaras, la de los trabajadores. Todo eso se está procesando, algo que no se hacía desde 1997 cuando se aprobó la eliminación de la retroactividad de las prestaciones sociales. Ni con Chávez ni con Maduro se volvieron a hacer esos foros. Hasta que por intermedio de la OIT se retomaron en 2021.
Para que esos foros fueran válidos, la OIT pidió que hubiera un representante permanente acompañando el proceso. El gobierno, por razones electorales y otras que mantiene aún, no acepta un enviado permanente. Ante esto, la OIT dice que ese diálogo no es eficaz. Mientras tanto el ministro del trabajo de Maduro dirá en este mismo lugar que con representante no habrá dialogo. Entonces, estamos a la espera.
Obviamente, la posición de Fedecámaras es que debe ser aceptado el enviado de la OIT al diálogo social, porque necesitamos un acompañamiento en este proceso mientras nos acostumbramos a hablarnos tranquilamente. Creo que la tecnología y el acompañamiento de la organización es muy válido para que salgan soluciones efectivas de ese dialogo
-¿Ha habido avances del diálogo social promovido por la OIT con respecto a las relaciones con el Estado venezolano?
-Sí, no ves empresarios presos, no ves expropiaciones. Parece que esto fuera un detallito sencillo, pero en realidad es el resultado de un diálogo social que ha facilitado que avances asuntos como la eliminación del IGTF en bolívares, que los aranceles hayan cambiado, que se esté discutiendo un programa importante de compras nacionales. Hay esos pequeños avances que no son todo lo que uno esperaría, ni se nos escucha todo lo que se nos debería escuchar. Pero hay que reconocer que el diálogo social con sus luces y sus sombras ha tenido resultados. Yo prefiero mantener ese espacio abierto que eso desaparezca de un plumazo y no volvernos a encontrar como fue antes, cuando estuvimos 15 años sin diálogo social.
