La reciente medida del gobierno de unificar varios de los bonos que se otorgan a través del Sistema Patria en un solo pago ha generado descontento y confusión entre los pensionados y jubilados venezolanos. Lo que para la administración de Nicolás Madurose representa una simplificación, es percibido por beneficiarios como una reducción encubierta de sus ingresos y un aumento de la precariedad económica.
Así lo manifestaron Ramón García, jubilado de 74 años y miembro de la Coalición Sindical; Héctor Luis Martínez, del Sindicato de Trabajadores del Seguro Social; y William Caraballo, también jubilado, quienes coincidieron en que es creciente la preocupación de los adultos mayores por esta medida.
La unificación de bonos como Hogares de la Patria, José Gregorio Hernández y otros beneficios, en el denominado «Bono Único Familiar» es el centro de la controversia. “En realidad no es que nos hayan quitado los bonos, lo que pasa es que los 130 bolívares que pagan prácticamente se tienen que dividir entre 30 días”, afirmó García, al tiempo que destacó que ese monto resulta insuficiente ante la escalada inflacionaria.
Carballo, por su parte, reporta que, tras la unificación, algunos de sus compañeros que antes recibían bonos específicos como el de discapacidad o el de Hogares de la Patria, ahora no los perciben, a pesar de aparecer registrados en el sistema.
“No sé si estos compañeros que tienen una ideología política diferente los excluyeron por eso”, añadió el Carballo, quien también sugirió una posible discriminación en la asignación de los beneficios consolidados.
Además de la unificación de los bonos, persiste la crítica por el «ínfimo poder adquisitivo» de los montos asignados. La pensión de 130 bolívares, considerada “irrisoria” por Ramón García, apenas alcanza para cubrir necesidades básicas. “Si a nosotros nos dan un bolívar, si nos dan un dólar, figúrate. Y no es un dólar porque en el mercado te dicen: Eso vale 140. Y si tú no tienes los 140, no te venden el producto”, explicó sobre la pérdida diaria del valor de su ingreso.
Los retrasos en los pagos también son una constante preocupación. Martínez denuncia que la pensión del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales no se abona en la fecha establecida (el 15 de cada mes), sino días después. El Bono Contra la Guerra Económica también ha sufrido “pequeños retrasos”, según Caraballo.
Martínez puso de relieve la opacidad en la gestión de los fondos destinados a las pensiones. Señaló que, a más de un año de la medida de recaudar entre el 9% y el 15% de las nóminas de empresas para tal fin, se han acumulado más de 10 mil millones de dólares sin que se haya visto un ajuste significativo en los montos de las pensiones. “Lamentablemente el Seniat no nos ha dado respuesta”, apuntó.
De modo que exigen al Estado no solo claridad en la administración de los bonos unificados, sino también la garantía de ingresos que les permitan «una vida digna», en cumplimiento de sus derechos y en consonancia con la realidad económica del país.
