Gustavo Petro presidente de Colombia, presentó su tercera reforma tributaria, un instrumento que pretende ampliar el impuesto sobre el consumo, reducir el límite para pagar impuesto al patrimonio, incrementar las tarifas marginales para personas naturales y aplicar cargas adicionales en sectores estratégicos, entre otros elementos.
La meta es recaudar aproximadamente 26.000 millones de pesos colombianos, unos $6.600 millones de dólares, y para ello Petro ha decidido gravar las bebidas alcohólicas, la gasolina e incluso reducir la posibilidad de obtener deducciones en el impuesto de renta personal eliminando los beneficios por dependientes. En este último caso, también establece que la tarifa para renta de personas naturales se eleve a 41%.
La posibilidad de reducir el límite para pagar impuesto al patrimonio ha generado polémica en la sociedad colombiana porque golpea directamente a la clase media colombiana al reducir de 3.800 millones de pesos colombianos (US$ 955.000) a 2.000 millones (US$ 503.000).
En opinión de algunos economistas esto es una medida regresiva y antitécnica porque no distingue los activos de los pasivos: una persona con un inmueble de alto valor y un vehículo puede quedar gravada a pesar de no tener ingresos líquidos para cumplir con la obligación.
Ganancias ficticias
Mauricio Piñero, especialista en Derecho Tributario, dijo en una entrevista publicada por la agencia internacional de noticias Bloomberg, que la reforma no mejora la estructura tributaria del país corrigiendo errores como la evasión, la informalidad y la dispersión normativa. A su juicio, está diseñada exclusivamente para buscar recursos.
En su opinión, lejos de concentrarse en los más ricos, la reforma extiende la carga a familias que han construido su patrimonio con ahorro y vivienda. «Eliminar el ajuste inflacionario significa que se grava una ganancia ficticia. Es empobrecer a los ahorradores y desincentivar la inversión.
Sector financiero
De acuerdo a Bloomberg, la medida incluye una sobretasa permanente al sector financiero que llevaría la carga efectiva de la renta corporativa hasta 50%, la más alta de la región y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Mientras tanto, los impuestos a inversionistas extranjeros podrían estar sujetos a un impuesto de 30% sin posibilidad de descuento, que se suma al impuesto corporativo. De acuerdo al experto tributario esto elevaría la carga tributaria hasta niveles «casi expropiatorios».
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