El Comité Nacional de Conflictos de los Trabajadores junto con los firmantes del «acuerdo unitario de trabajadores y sindicales» del país, entregaron este jueves un petitorio ante el Ministerio de Trabajo con 17 puntos clave. Entre otras cosas, solicitan un aumento salarial que cubra al menos el costo de la canasta básica que pasa los 700 dólares, así como respeto a los contratos colectivos, la eliminación del pago de bonos a través del Sistema Patria y la liberación total de los dirigentes gremiales que permanecen detenidos en Venezuela.
«Exigimos no más despojo de nuestros derechos laborales y rotundamente nos negamos a que se nos pretenda eliminar las prestaciones sociales de nuestra Constitución», dijo Ana Yánez, miembro de la coordinación nacional de la Unión Nacional de Trabajadores (Unete) y del Comité Nacional de Conflicto de Trabajadores.
El documento fue recibido por empleados del Ministerio de Trabajo, que permitieron el ingreso de cinco representantes sindicales de diferentes organizaciones gremiales.
Yánez indicó que la discusión salarial debería darse en una mesa tripartita como lo establece la Ley Orgánica del Trabajo. En su opinión, «ese diálogo social laboral que tienen instalado es una farsa para los trabajadores y su familia».
Por su parte, Karina Molina, secretaria general de la Asociación de Profesores de la Universidad Simón Bolívar de la sede del Litoral Central, en el estado La Guaira, cuestionó que el gobierno encargado de Delcy Rodríguez hable de crecimiento económico y bienestar social cuando los trabajadores de la administración pública perciben 130 bolívares de salario mínimo y alrededor de 240 dólares entre los bonos de alimentación y guerra económica.
«Si estamos hablando de un proceso de crecimiento económico, ¿cómo es que nuestros salarios siguen mermados?, ¿cómo es que en este país todavía hay inflación? Si estamos hablando de una firma de un contrato petrolero que no se nos preguntó, violando también la Constitución porque van a extraer la riqueza de nuestro país, dónde está ese dinero. ¿Por qué no se le expresa a la nación? Es decir, el país crece, pero en el discurso, en la realidad no», manifestó Molina.
En esto coincidió Marco Antonio Pildaini, profesor jubilado y dirigente de la Asociación Civil Fuerza, Unión, Justicia, Solidaridad y Paz (Funpaz), quien señaló que la situación real de la mayoría de los trabajadores es que viven en «precariedad grave».
«No tenemos salario porque la pensión no es salario. Además, el bono de guerra tampoco es salario. Es decir, que nosotros estamos, tanto los jubilados y pensionados como los profesionales activos o de cualquier nivel, a la buena de Dios (…) A nosotros nos suben el salario hoy y nos llega a 300 dólares y no nos sirve porque no nos alcanza todavía. Debemos tener un salario mínimo de 700 a 1.000 dólares mensuales», expresó Pildaini.
En ese sentido, los trabajadores, jubilados y pensionados ratificaron su llamado al Ejecutivo nacional a respetar los artículos 89 y 91 de Constitución, así como los artículos 42, 43, 44 y 45 de la Ley del Trabajo, que respaldan los derechos laborales y salariales en Venezuela.
«Yo tengo más de 40 años en la administración pública. Con mis salarios iniciales pude comprar casa, pude comprar carro, pude educar a mis hijas, pude tener vacaciones. Hoy, lamentablemente, ese mismo salario que inició hace 40 años no me permite ni siquiera comprar las pastillas de la tensión», sostuvo Ana Rosario Contreras, presidente del Colegio de Enfermería de Distrito Capital, al recordar que la mayoría de los jubilados y pensionados «hoy tienen que sobrevivir con 70 dólares que pagan a través de un Sistema Patria, 70 dólares que no se ven».
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