El presidente de Paraguay, Santiago Peña, renunció a su cargo este jueves. La dimisión llega tras el cierre de Ueno Bank en plena noche debido a una crisis de solvencia, lo que dejó a los clientes sin posibilidad de acceder a su dinero y después de que legisladores de la oposición y de su propio partido impulsaran un juicio político para destituirlo por el escándalo del banco.
“He tomado la decisión de presentar mi renuncia a la Presidencia de la República. Lo hago pensando en la estabilidad de nuestro país, en la paz social y en la necesidad de preservar nuestras instituciones públicas”, dijo en un mensaje publicado en redes sociales. “Hoy mi prioridad es una sola, la tranquilidad de los paraguayos que confiaron sus ahorros en nuestro sistema financiero”, agregó.
Además, expresó su deseo de que se garantice la devolución de los depósitos y se protejan los fondos públicos afectados. “La historia se encargará de juzgar y poner en su justa consideración los acontecimientos que hoy nos toca vivir”, indicó Peña, anteriormente director de Banco Central y ministro de Hacienda. “Pido disculpas al pueblo si en algún momento he fallado”.
El Banco Central intervino Ueno Bank por problemas de solvencia, dejando a cerca de 3 millones de clientes sin acceso a su dinero y desatando protestas. La institución bancaria detectó que el índice de solvencia de Ueno, con 2,9 millones de clientes en un país de 6,1 millones de habitantes, había caído por debajo del 50% del mínimo exigido, “como consecuencia de ajustes realizados a sus estados financieros durante el proceso de regularización”.
Peña había sido accionista del grupo propietario, hasta el año pasado, de Ueno, entidad reconocida además por dar patrocinio a equipos de fútbol local y a la selección de Paraguay.
El Congreso deberá definir si acepta o rechaza la renuncia.a Cámara de Diputados de Paraguay inició este jueves una sesión extraordinaria para debatir una acusación promovida por 35 legisladores de oposición y disidentes del oficialismo en contra del Peña, para activar el mecanismo de juicio político, previsto en el artículo 225 de la Constitución.
La acusación señala a Peña por un presunto “grave y sistemático mal desempeño de sus funciones” y plantea “retirar la investidura” del gobernante, quien asumió el poder en agosto de 2023 para un mandato de cinco años.









