Sector transporte exige ajuste de tarifa a 0,70 dólares y la eliminación de controles biométricos para surtir combustible

La Central Única de Autos Libres y Por Puestos, que agrupa a todos los bloques de transporte de Caracas, presentó este martes un documento que compila un pliego de 12 exigencias y propuestas dirigidas a la mejora integral del sector del transporte público en Venezuela.

Entre las demandas centrales destacan la fijación de una tarifa anclada a la tasa oficial del BCV de 0,70 dólares, la eliminación de controles gremiales digitalizados y la restitución de competencias constitucionales a los gobiernos locales.

El gremio solicita formalmente un ajuste en la tarifa del pasaje urbano fijado en 0,70 dólares, lo que equivale a unos 620 bolívares, que sea publicado en Gaceta Oficial y debidamente anclado a la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV).

Con esto, buscan darle carácter oficial a la medida, considerando que en el mes de mayo, trae una reunión del sector con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, se ajustó a 0,25 dólares, sin que el acuerdo se oficializara.

José Luis Montoya y Hugo Ocando, presidente y vicepresidente de esta instancia, respectivamente, justificaron el aumento en que hoy en día los transportistas asumen mantenimientos de hasta 500 dólares al mes por vehículos tipo encava y que son ellos mismos los que subsidian los pasajes preferenciales, sin apoyo del Estado.

Foto: Raúl Romero

Los principales problemas

Ocando detalló algunos de los principales problemas del gremio y aseguró que el acceso a combustible es uno de ellos y afecta, sobre todo, a los transportistas del interior.

Al respecto, el sector exige la eliminación de la huella biométrica como mecanismo de “control gremial” para acceder al combustible. Los transportistas manifestaron su disposición a pagar por él, reclamando además la libertad de poder surtir en cualquier estación de servicio a nivel nacional sin restricciones de horarios impuestos.

Además, Ocando se refirió al estado de la flota de transporte de Venezuela y aseguró que es la más arcaica de América latina y que no cuentan con subsidios o capacidad de adquirir nuevos vehículos.

“El parque automotor ha envejecido, es de más de 50 años y nos hace equipararnos a naciones como Cuba”, remarcó Montoya. 

En cuanto a la tarifa, el gremio planteó que la idea es promover una tarifa que se sostenga en el tiempo, entendiendo la situación económica de los usuarios.

“Quien realmente subsidia al estudiante y al adulto mayor es el transportista», explicó Montoya para aclarar que el Estado no subsidia ni reconoce ningún tipo de pago por los pasajes que no se cobran a público preferencial.

La organización planteó dos alternativas en cuanto a subsidios. La primera, un subsidio directo para los transportistas o, en su defecto, un subsidio dirigido directamente al adulto mayor, personas con discapacidad y estudiantes.

Asimismo, solicitaron la apertura de líneas de créditos para el sector a través de la banca pública y privada, así como la puesta en funcionamiento de una escuela del transportista amparada en los artículos 140 y 141 de la Ley de Transporte Terrestre.

Entre las demandas de carácter social, exigen que el Fondo de Transporte Urbano (Fontur) recupere sus funciones fundacionales, orientadas a la atención del transportista público mediante créditos para la modernización y sustitución de flota con estándares internacionales adaptados a personas de la tercera edad y movilidad reducida, además de la creación de un fondo de bienestar social y pensiones.

Exigen también un plan nacional de emergencia que abarque el asfaltado integral de vías, demarcación, señalización, implementación de paradas inteligentes, colocación y modernización de semáforos a nivel nacional, y la apertura formal de la vialidad en los alrededores de Miraflores.

Reclamos institucionales

El pliego, que ya ha sido entregado en algunas instancias de gobierno y que en los próximos días será consignado ante la Asamblea Nacional, incluye fuertes cuestionamientos a la estructura institucional vigente.

Entre ellos, exige la eliminación del Órgano Superior del Transporte, por considerarla un “ente usurpador y excluyente” y demandan que las alcaldías y concejos municipales recuperen sus funciones constitucionales, específicamente en lo referente a la discusión y fijación de las tarifas del transporte público urbano.

Además, piden que el Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT) sea devuelto orgánicamente al Ministerio de Transporte y reclaman la liberación inmediata o la indemnización de las unidades de transporte que fueron retenidas el pasado 28 de julio de 2024, las cuales se encontraban prestando servicios privados en ese momento.

Los transportistas hacen una mención especial en su pliego a la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Organizaciones Sociales sin Fines de Lucro, mejor conocida como Ley Anti-ONG, exigiendo su derogación, argumentando que afecta directamente a las organizaciones de transporte público registradas bajo la figura de asociaciones civiles.

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