Representantes de diversas organizaciones sindicales se concentraron este miércoles ante la Embajada de Países Bajos en Caracas para consignar un documento de reclamo contra la resolución parlamentaria de Aruba que ordena la expulsión de más de 1.000 familias venezolanas antes del 31 de enero de 2026.
Los portavoces solicitaron la intervención del gobierno neerlandés para detener una medida que consideran violatoria de los derechos humanos y que afecta directamente a una fuerza laboral establecida en la isla.
Carlos Salazar, miembro de la Coalición Sindical Nacional, denunció que la orden de desalojo afecta a ciudadanos que contribuyen al aparato productivo y que han cumplido con las normativas locales. «Unos venezolanos que están en la isla de Aruba produciendo, integrándose a la sociedad arubeña, siendo parte del proceso de producción de Aruba. ¿Cómo es posible que en este momento los estén mandando a que desalojen la isla este 31 de enero?», cuestionó.
El dirigente destacó que muchos de estos trabajadores están en procesos de permisos de trabajo por los cuales ya han pagado aranceles, por lo que exigió la instalación de una mesa de diálogo efectiva.
Por su parte, Rafael Arreaza, expresidente del IVSS, calificó la decisión del parlamento de Aruba como una «barbarie» desde el punto de vista humanitario y recordó los nexos históricos entre ambos territorios. «Decirle de un momento a otro: ‘Ustedes se tienen que ir todos o los vamos a perseguir’, es una medida compulsiva tomada de una manera muy violenta», señaló.
El médico y gremialista enfatizó que «los venezolanos en la isla se encuentran allí por necesidad de vida y persecución, advirtiendo que esta actitud de las autoridades isleñas deberá ser revisada en el futuro dado que Aruba ha vivido históricamente del turismo venezolano».
«Indefensión diplomática»
Por su parte, José Patines, secretario general del Sindicato de la Cancillería, alertó sobre la indefensión diplomática de los afectados y los peligros que implica un retorno forzado al país.
«El problema aquí es que los devuelvan. Ellos están allá con una condición de perseguido. Si tú estás allá con una condición de que estás pasando hambre, que no tienes condiciones para vivir acá, cómo te devuelves», señaló.
Enfatizó que la medida parlamentaria es precipitada y que «el Estado venezolano carece de diplomáticos de carrera que brinden la protección necesaria a los connacionales ante este tipo de contingencias internacionales».
La representación sindical subrayó que la resolución impacta a familias cuyos hijos ya están plenamente integrados al sistema escolar de Aruba, hablando varios idiomas y formando parte de la comunidad.
Los voceros instaron a las autoridades neerlandesas y arubeñas a diferir el decreto de desalojo previsto para este fin de semana, apelando al principio de no devolución y al respeto de los instrumentos internacionales que protegen la vida familiar y el derecho al trabajo de los migrantes.
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