La administración pública en Venezuela experimenta una reducción progresiva y constante de su personal, un fenómeno que, según dirigentes sindicales, no se debe a despidos masivos, sino a un éxodo impulsado por los bajos salarios. El «ingreso mínimo integral», que domina en el sector público, se ubica en estos momentos en casi 161 dólares, que se desglosa en 130 bolívares (0,90 centavos de dólar a la tasa oficial) del salario mínimo y 160 dólares en bonos (120 dólares el bono contra la guerra económica y 40 dólares el cestaticket).
Carlos Salazar, dirigente de la Coalición Sindical, aseguró que en algunos entes públicos la nómina se ha reducido a un poco más de la mitad, al pasar, por ejemplo, de 1,5 millones de trabajadores en los ministerios y alcaldías a unos 800.000 en total. En el sector educativo, afirmó, la situación es más aguda, ya que el número de maestros activos ha bajado de 400.000 a menos de 150.000. «Se nos han ido jóvenes, se nos han ido adultos y lo que queda en Venezuela, la mayoría son pensionados», dijo.
El dirigente sindical resaltó que las principales causas de este éxodo son los salarios insuficientes y el estancamiento del poder adquisitivo. «Los precios de los alimentos suben, suben y suben, y lo que no sube es el salario”, agregó. Destacó además, que “los bonos gubernamentales tampoco llenan las expectativas, ya que no cubren la canasta alimentaria”, advirtió.
El último reporte del Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM), correspondiente al mes de julio, determinó que el precio de la cesta básica familiar se ubicó en 542,94 dólares; de los cuales 350,91 dólares corresponden a alimentos y 189,38 dólares a servicios básicos (incluye vivienda, vestido, calzado, salud, educación y transporte).
Migración de personal calificado
Tito Blanco, presidente de Fetramiranda y secretario ejecutivo de la CTV, señaló el éxodo ha provocado la pérdida de personal calificado en sectores clave. “Las personas que se van de la administración pública renuncian para irse al sector privado o a la economía informal, buscando mayores ingresos. Con un salario mínimo de menos de un dólar es imposible… Los que se mantienen en sus puestos son, en su mayoría, personas de mayor edad que esperan sus jubilaciones”, detalló.
Explicó que el Estado ha optado por reemplazar a los trabajadores que se van con personal menos calificado, como bachilleres recién graduados que aceptan los salarios actuales: “Con eso se conforman porque realmente un educador graduado, preparado, es imposible que vaya a trabajar en la administración pública con un salario de 10 dólares al mes”.
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Arnaldo Méndez, secretario general de la Federación de Trabajadores de la Salud y Clínicas Privadas, aseguró que en el sector que representa «hay un éxodo importante de trabajadores «. Asimismo, añadió que “los médicos con posgrado, a pesar de las políticas gubernamentales para retenerlos, se están yendo del país”.
Aseveró que el personal profesional de la salud se ha reducido 52%: “Los médicos que permanecen son en su mayoría mayores y con muchos años de experiencia”. A pesar de que sus salarios no les compensan, continúan en el sistema público por un sentido de «vena filantrópica» y vocación de servicio, mientras que sus principales ingresos provienen del sector privado, agregó.
Estos profesionales dependen de los bonos para complementar sus ingresos. Médicos residentes y especialistas, por ejemplo, tienen sueldos base que varían entre 2,16 y 2,78 dólares, según la tasa oficial. En el caso de profesores universitarios, el salario base de un instructor a dedicación exclusiva es de 2,46 dólares y el de un titular de 4,02 dólares.
Respuesta sindical
Salazar afirmó que el problema es político y económico y que la recuperación del salario podría «ayudar a los emprendedores, a los empresarios que tienen un producto, a los productores que venden su queso, que venden la carne».
Asimismo, manifestó que la Coalición Sindical ha convocado a protestas para rechazar propuestas como la constituyente planteanda por Nicolás Maduro, que “es un intento de tapar el hoyo de la falta de salario en Venezuela».
El sector sindical demanda la restitución de los derechos laborales perdidos con instrumentos como el memorando 2792. “La vida de un país la hace el salario”, concluyó Salazar.
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