Trabajadores públicos posponen jubilación: “Es una caída al vacío”

En Venezuela, la etapa de la jubilación, lejos de ser un período de descanso y disfrute, se ha convertido en una fase de precariedad y desafíos. La historia de un jubilado del Seguro Social y la de un trabajador público del Ministerio de Agricultura y Tierras con más de 20 años de servicio revelan un panorama de ingresos insuficientes, pérdida de beneficios y una lucha constante por la subsistencia.

Abel Ramírez, con 14 años como jubilado de la Alcaldía del municipio Zamora del estado Miranda y anteriormente supervisor en el sistema hidráulico, asegura que el bono que reciben los jubilados no compensa lo que consideran necesario. Relata que, aunque esperaba una jubilación que le permitiera vivir plenamente, actualmente percibe 60 bolívares cada viernes, un monto que considera «muy duro».

“La dependencia de cada institución marca una diferencia, ya que otros jubilados en distintas regiones pueden estar en situaciones aún más comprometidas. La realidad es que, a pesar de todo, la Alcaldía de Zamora ofrece gotitas o bonos adicionales que no son extensivos a todos los jubilados del país”, dijo.

Señaló que debido a la situación económica actual, muchos trabajadores que ya cumplen con los requisitos para jubilarse prefieren no hacerlo porque «no les conviene». Él, por el contrario, sí quiso jubilarse en su momento, ya que la situación económica era «muy diferente».

La jubilación como última opción

Un trabajador del Ministerio de Agricultura y Tierras, con 29 años de servicio, ha pospuesto su jubilación. Su razón es la misma: “La realidad económica del país”. Explicó que los jubilados «caen en un vacío» y la pensión no les permite «comprar ni cuatro huevos».

Este trabajador, que prefirió no compartir su identidad, señaló que una vez el trabajador activo se jubila pierde «absolutamente todo», incluyendo los pocos beneficios que reciben como activos. Su fideicomiso no alcanza los 12 dólares, lo que ilustra la insuficiencia de los fondos de retiro.

Comentó que cuando comenzó a trabajar en ese ministerio proyectó una jubilación con estabilidad económica para cubrir necesidades básicas y disfrutar de un confort, ahora se ve forzado a buscar ingresos adicionales «vendiendo cualquier cosa, reparando cualquier cosa, asesorando en forma particular» para complementar los 130 bolívares de sueldo mínimo.

Lea también: Beneficios que no llegan: Denuncian «discriminación» de los trabajadores públicos en las regiones

Seguridad Social en deterioro

La falta de protección social por parte del Estado es un punto clave. Edgar Silva, coordinador nacional del Comité de Derechos Humanos para la Defensa de los Pensionados y los Jubilados, explicó que el fondo de pensiones del Seguro Social fue quebrado en 1997, lo que llevó a que las pensiones se paguen con cargo al presupuesto nacional. Este colapso, a su juicio, fue el origen del Comité que coordina, el cual ha luchado por los derechos de los jubilados.

Silva señala que, tras años de cotizaciones a la Seguridad Social con la expectativa de una vejez digna y de mantener su nivel de vida, los jubilados y pensionados enfrentan una realidad desoladora. La pensión actual del Seguro Social, que se mantiene en 130 bolívares desde el 15 de marzo de 2022, equivale a tan solo 1,10 dólares al mes. Esta cifra, para él, representa una «condena a muerte» para los jubilados de la Administración Pública y pensionados del Seguro Social.

La protección social por parte del Estado es, a su juicio, “inexistente”. Sostuvo que “el Seguro Social no cumple con su función de proveer medicamentos y exámenes médicos, como ocurría antes”.

“En Venezuela hay más de 5 millones de adultos mayores, entre pensionados y jubilados. Además, aproximadamente 30,000 adultos mayores fuera del país les fue suspendida su pensión del Seguro Social desde enero de 2016, hace más de nueve años. Esto significa que perdieron el tiempo de trabajo y las cotizaciones destinadas a una vejez digna”, precisó.

Añadió que “estos adultos mayores dependen de familiares, remesas, ONG de ayuda humanitaria e iglesias para subsistir”.

“La necesidad los obliga, en algunos casos, a vender en la calle productos como cigarrillos o lápices para obtener algún ingreso adicional. La situación es sumamente crítica y la emergencia humanitaria para esta población es compleja, ya que los han castigado al ser los más vulnerables”, sentenció.

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