Representantes de las organizaciones sindicales integradas en las mesas de diálogo y consensos laborales con el Ejecutivo nacional informaron que las propuestas gubernamentales presentadas en las negociaciones no contemplan un ajuste en la tabla del salario mínimo oficial ni en el sueldo base de la administración pública, sino un incremento exclusivo en las bonificaciones del ingreso integral, proceso que además se mantiene sin fecha definida para anuncios oficiales sobre montos o cronogramas de pago.
«El problema de fondo es que el gobierno solo quiere aumentar las bonificaciones. Nos quiere aumentar, pero agarrar el bono que ahora es de ingreso integral y convertirlo en un poquito más de bono», declaró Pablo Zambrano, quien integra la mesa del sector público en representación de la Federación Nacional de la Salud (Fetrasalud).
Por su parte, Leida Marcela León, integrante de las mesas de consulta salarial y de seguridad social por la Central de Trabajadores Alianza Sindical Independiente (ASI Venezuela), señaló que «no existen acuerdos sobre montos salariales específicos ni fechas fijas para aumentos dentro de la mesa».
Pérdida de beneficios contractuales
Los dirigentes sindicales señalaron que la falta de ajuste en el salario mínimo oficial ha impactado la estructura de remuneración, la retroactividad de las prestaciones sociales y el cálculo de primas por antigüedad, nocturnidad y días feriados.
«No solamente es que te quitaron de facto las prestaciones sociales porque ahorita no valen nada porque no hay salario, sino que también te arrebataron todos los beneficios que derivan precisamente del salario», afirmó Zambrano.
En este punto, la representación de ASI Venezuela sostuvo que la recuperación del valor del trabajo requiere evaluar los factores macroeconómicos vigentes para garantizar la sostenibilidad de los pagos. «Cualquier mejora salarial depende de variables económicas, incluyendo la flexibilización de sanciones y la recuperación de ingresos petroleros», indicó León.
Debate sobre prestaciones sociales con el sector privado
Asimismo, Zambrano señaló que las conversaciones entre los sectores sindicales y empresarial registran desacuerdos respecto a las reformas legislativas en materia de prestaciones sociales, un punto planteado durante las sesiones de la mesa técnica y de seguridad social.
«Fedecámaras, su visión está montada en que hay que eliminar la retroactividad de las prestaciones sociales sin dar ninguna oferta. Yo quiero que se elimine la retroactividad, pero no presentan nada», expresó Zambrano.
Al respecto, León recalcó que la discusión con el sector privado debe mantener el marco de los derechos adquiridos por la fuerza laboral. «De realizarse alguna modificación en esta materia, debe ser por un mecanismo de cálculo mejor al que ya existe y no peor. Es necesario conocer las propuestas para poder discutir», expuso.
Fijación de asignaciones en la administración pública
En cuanto a los montos asignados para coberturas sociales como becas, útiles escolares y servicios funerarios en los organismos públicos, Zambrano indicó que se mantienen en montos nominales fijos en bolívares que no cubren los costos operativos de los servicios básicos.
«Las cláusulas sociales, ejemplo: útiles escolares, becas escolares, servicio funerario, según Planificación y Presupuesto las fijaron en 12.5 bolívares. Entonces tú no puedes ir a reclamar eso porque resulta ser que una copia vale 100, 150 y hasta 200 bolívares», sostuvo Zambrano.
Frente a la insuficiencia de las asignaciones presupuestarias centrales, la central sindical planteó alternativas operativas territoriales para sostener los beneficios de los trabajadores. «Se deben buscar complementos salariales a través de los ingresos propios de gobernaciones y alcaldías para aliviar la situación del sector público», planteó León.
Decisión final sobre los montos de ajuste
Los acuerdos sobre incrementos en el ingreso mensual de los trabajadores quedan sujetos a la ratificación del Ejecutivo nacional, al ser una atribución legal de la Presidencia de la República.
«En Venezuela el aumento de salario o de bonos es de reserva legal de la presidencia de la República. Nosotros llegamos en una mesa a un acuerdo y decimos son 100 dólares, y viene la presidencia y dice no, son 50, y como la reserva legal es de la presidencia de la República, serán 50», sentenció Zambrano.
Finalmente, desde la vocería de ASI Venezuela recalcaron que la definición de los ajustes requiere establecer compromisos de cumplimiento progresivo sin generar falsas expectativas en la opinión pública. «Las mesas de trabajo buscan definir metodologías y cronogramas, pero no hay soluciones mágicas ni fechas concretas para los ajustes solicitados por los trabajadores», puntualizó León.
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