Trabajadores universitarios de Venezuela están en alerta máxima y rechazan lo que consideran el desmantelamiento de su servicio de Hospitalización, Cirugía y Maternidad (HCM). Las federaciones sindicales denuncian que se está gestando un acuerdo para eliminar la cobertura privada y obligar a los empleados a utilizar la red de salud pública, una decisión que califican como un retroceso en sus derechos adquiridos.
Deyanira Romero, secretaria general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Universidad Central de Venezuela (SINATRA- UCV), señaló directamente a la Central Socialista y a la Federación de Trabajadores Universitarios (FEDU), afines al gobierno, de negociar con el Ministerio de Salud esta medida.
Según Romero, se estaría acordando que la atención médica de los universitarios se realice en hospitales públicos y Centros de Diagnóstico Integral (CDI): «No entendemos por qué la mesa que vamos a poner para discutir la situación, cuando ya ellos dan por sentado, todo».
La preocupación es notable, ya que los trabajadores cuentan actualmente con una póliza de 5.000 dólares anuales por núcleo familiar, un beneficio que contrasta con la situación actual del sistema de salud público. Agregó además, que este beneficio de atención médica privada se logró en 1979 y su suspensión representaría una violación a la convención colectiva, la cual, según los gremios, está siendo desvirtuada bajo el amparo del Memorándum 2792.
“Nos quitan el beneficio de HCM y ahora llegan a un acuerdo para que nos atiendan en sitios públicos”, lamentó. Subrayó, también, que “la salud pública en Venezuela no cuenta con los suministros necesarios para atender cirugías o patologías catastróficas, situación que también es denunciada por los propios dirigentes sindicales del sector salud”.
Lea también: Más de cuatro meses de la promulgación del decreto de estado emergencia económica: ¿Qué ha pasado?
Jornadas de salud como «ensayo» para la redirección
Adrián Bolívar, presidente de la Federación Nacional de Sindicatos y Obreros de la Educación Superior de Venezuela, respaldó estas denuncias y alertó sobre una serie de jornadas de salud que el Ministerio de Educación Universitaria viene ejecutando como un «ensayo» en las instituciones universitarias.
Estas jornadas, según Bolívar, buscan levantar una data para «direccionar a esos trabajadores a los centros hospitalarios». «Esto con el propósito de sacarlos a ustedes de las clínicas y llevarlos a ustedes a los hospitales», afirmó.
Asimismo, señaló que “los sindicatos rechazan categóricamente estas prácticas”, pues las consideran parte de una estrategia para desmejorar los beneficios de los trabajadores universitarios.
Bono vacacional: Un pago «ilusorio»
Además de las denuncias por lo que ocurre con el HCM, los sindicatos universitarios siguen demandando el reconocimiento del Bono de Guerra Económica en el cálculo de sus bonos vacacionales y recreacionales. Exigen que la base para estos beneficios sea de 120 dólares, o un monto similar.
Bolívar calificó de «ilusorio» el pago del bono vacacional ya realizado, con cifras mínimas: un obrero recibió 1.500 bolívares, un administrativo 2.300 bolívares, y un profesor, cerca de 5.000 bolívares.
Mencionó también una «bonificación por viaje patria» de 6.160 bolívares pagada a través de la plataforma Patria, que, según los sindicatos, carece de base legal en las convenciones colectivas y equivale a unos 54,16 dólares. El dirigente sindical subrayó la necesidad de un salario «digno y justo» que respete las convenciones colectivas. Los gremios se reunirán con la Unidad Central para coordinar próximas acciones en defensa de sus derechos.
