La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, autorizó todas las transacciones necesarias para participar en negociaciones relativas a contratos condicionales con el Gobierno de Venezuela. Es decir, acuerdos comerciales cuya ejecución efectiva está estrictamente sujeta a la obtención de una autorización adicional o específica de la OFAC.
La Licencia General 56 (LG56) publicada este miércoles, permite específicamente la negociación y firma de contratos con el Gobierno de Venezuela para actividades comerciales, pero no autoriza su cumplimiento o ejecución. Para que el documento suscrito sea legal bajo esta licencia, debe incluir una cláusula que indique expresamente que su cumplimiento depende de una licencia específica posterior de la OFAC.
«A los efectos de esta licencia general, el término «contratos contingentes» incluye contratos en fase de ejecución, facturas proforma en fase de ejecución, acuerdos de principio, ofertas en fase de ejecución susceptibles de aceptación —tales como licitaciones o propuestas en respuesta a concursos públicos—, memorandos de entendimiento vinculantes o cualquier otro acuerdo similar», dice el texto de la LG56.
Esta estructura busca que las entidades interesadas en el mercado venezolano puedan establecer marcos jurídicos y operativos «en espera», listos para activarse si la política de sanciones de Estados Unidos cambia o si se otorga un permiso individual.
No autoriza a los bonistas
La Licencia General 56 no autoriza negociaciones o contratos relativas a los bonos y otra deudas del Gobierno de Venezuela o de Petróleos de Venezuela (PDVSA) para liquidar esos títulos. También mantiene la prohibición sobre vender, transferir, ceder o dar en garantía cualquier participación accionaria en PDVSA o alguna otra entidad donde el Estado venezolano tenga 50% o más de participación.
«Esta licencia general no autoriza la celebración de un acuerdo de transacción o la ejecución de cualquier gravamen, sentencia, laudo arbitral, decreto u otra orden mediante ejecución forzosa, embargo u otro proceso judicial que pretenda transferir, o de otro modo alterar o afectar, bienes o intereses en bienes bloqueados de conformidad con el VSR (Régimen de Sanciones de Venezuela, en español)», dice la LG56.
Retiran sanciones al procurador de Maduro
La OFAC también retiró de la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN, por sus siglas en inglés) a Reinaldo Muñoz Pedroza, abogado y dirigente político venezolano que ejerció el cargo de Procurador de la República durante la administración de Nicolás Maduro entre 2015 y marzo 2026.
Se desempeñó como el principal asesor jurídico del Estado venezolano durante más de una década y según la información oficial presentó su renuncia al cargo el 24 de marzo de 2026. Tras su salida, la Asamblea Nacional designó a Arianny Seijo Noguera en su lugar.
Muñoz Pedroza lideró la defensa de los intereses patrimoniales de Venezuela en tribunales internacionales, participando en casos clave relacionados con deuda externa, arbitrajes comerciales y recuperación de activos.
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