La seguridad en el Arco Minero del Orinoco (AMO) vuelve al centro del debate nacional tras el desarrollo de un plan de protección en la zona que involucrará componentes cívicos, militares y policiales y que fue anunciado ayer tras un encuentro encabezado por el ministro para el Desarrollo Minero, Héctor Silva.
Sin embargo, para los expertos en el terreno, la clave del éxito no reside solo en la presencia militar, sino en un reordenamiento territorial profundo que garantice seguridad jurídica a los inversionistas extranjeros y dignidad a la minería artesanal.
Para Darío Graffe, ingeniero geólogo y líder comunitario de los pueblos mineros del Sur, la situación actual es el resultado de una cadena de políticas fallidas. «En el estado Bolívar se han aplicado nueve planes mineros y todos han sido un fracaso; el actual Arco Minero no escapa de esta realidad», afirmó.
En este contexto y, aunque el plan del gobierno está orientado en la “reorganización territorial y el impulso productivo de las áreas mineras”, según se detalló en una nota de prensa del Ministerio de Comunicación, el experto insiste en que cualquier proyecto de seguridad debe poner el acento en la crisis que se vive en la zona por la minería ilegal y el control de grupos irregulares.
A pesar de los convenios internacionales, el ingreso de capitales extranjeros se enfrenta a la complicación operativa que aportan los distintos problemas de seguridad en la zona, destacó Graffe, quien insiste en que el control de grupos irregulares ha instaurado economías paralelas basadas en delitos graves.
Estos, enumeró, incluyen la extorsión y exclavitud, con población minera sometida a regímenes de trabajo forzoso, así como el control del combustible y otros recursos, lo que dificulta el trabajo de campo en la zona.
«Para garantizar la seguridad jurídica de los inversionistas extranjeros, se debe tomar en cuenta, primero, el reordenamiento territorial», remarcó Graffe, para quién es primordial una delimitación clara que separe la minería industrial de la artesanal y evitar, así, el riesgo operativo para el capital formal.
Por la minería industrializada
Para Graffe, la actuación del Estado frente a los grupos irregulares debe ser «lo menos traumática posible» para las poblaciones indígenas y criollas que habitan la zona, lo que implica, remarcó, una transición hacía la minería a gran escala con un enfoque social que evite la violencia entre factores de interés.
«La minería puede ser industrializada a gran escala con el apoyo de la inversión extranjera, si realmente quieren tomar la minería como fuente de empleo y desarrollo para el país», sostuvo.
En este sentido, el experto planteó la necesidad de implementar medidas como un “censo” de mineros que permita registrar de forma exhaustiva a los mineros artesanales para brindarles una “reubicación razonable”, frente a los planes de inversión.
Además, propone la separación de yacimientos, para diferenciar las zonas de explotación artesanal de aquellas destinadas a la industria pesada operada por el Estado y socios extranjeros y una fiscalización a través de un ente que regularice la minería a cielo abierto y logre acabar con mafias de la zona.
La apuesta
El plan de seguridad recientemente anunciado busca poner orden y seguridad en los más de 111.000 kilómetros cuadrados de territorio que componen el Arco Minero, un territorio rico en bauxita, tierras raras, hierro, oro, cobre, caolín, dolomita y coltán, decretado como una Zona de Desarrollo Estratégico en febrero de 2016, por Nicolás Maduro.
Para los líderes comunitarios del Sur, la voluntad política será el único motor capaz de transformar un foco de conflictos en una verdadera fuente de desarrollo.
En este contexto, el plan de seguridad que intenta desarrollar el Gobierno de Delcy Rodríguez, se fundamenta en “la fusión cívico-militar-policial, integrando la experiencia de los cuerpos de seguridad para potenciar el crecimiento de las instituciones y brindar protección directa a la pequeña minería, considerada un eje clave del modelo económico”, tal cómo explicó el Ministerio de Comunicación.
En la reunión para elaborar las estrategias de este plan de seguridad estuvieron presentes el viceministro de Otros Minerales Estratégicos No Auríferos, Jesús Mieres, y el vicepresidente de Minerven, Jackson Esteila.
También participaron el comandante de la REDI Guayana, MG. Wilfredo Medrano; el comandante de la ZODI Guayana Esequiba, GD. Henry Gonzales; el comandante de la ZODI Bolívar, GD. Miguel Yilales; así como representantes del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), la Guardia Nacional Bolivariana, la Policía Nacional Bolivariana, la Policía del estado Bolívar, el Grupo de Protección del Arco Minero del Orinoco, Resguardo Minero, SEBIN y DGCIM.
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