El bono PDVSA 2020, que tiene como garantía constituida 50,1% de las acciones de Citgo Holdings Inc., subió el martes a 95 centavos por dólar, su valor más alto en los últimos cuatro meses impulsado por la reapertura de la subasta de la empresa refinadora de crudo.
Este lunes los tenedores del bono llegaron a un acuerdo preliminar de pago con Amber Energy, una filial del fondo de cobertura Elliott Investment Management, que presentó una oferta de $8.820 millones de dólares por PDV Holding, propietaria de Citgo Holdings y Citgo Petroleum.
«La oferta de pago está abierta a todos los tenedores de bonos 2020», dijo Susheel Kirpalani, abogado de Amber Energy, en una audiencia ante el tribunal y agregó que «más de dos tercios» de los bonistas se han adherido al pacto.
Algunos acreedores y postores consideran como clave un acuerdo de pago con los tenedores del bono PDVSA 2020 para asegurar una oferta ganadora debido a que eliminaría un obstáculo para finalizar el proceso de venta, escribió Reuters en una nota publicada el lunes.
El precio del bono subió sostenidamente durante la última semana desde la presentación de la oferta de Amber Energy.
Deuda socialista
El juez Leonard Stark de la corte de Delaware en Estados Unidos, decidió subastar las acciones de PDV Holding, filial de Petróleos de Venezuela (PDVSA), para pagar las deudas contraídas por los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. El proceso busca compensar a unos 15 acreedores por impagos de deuda externa y expropiaciones. La deuda total supera los $20.000 millones de dólares.
Bonos en litigio
Los bonos PDVSA 2020, que pusieron como garantía de pago las acciones de Citgo, fueron emitidos por la administración de Nicolás Maduro en septiembre de 2016 sin la aprobación de la Asamblea Nacional de Venezuela.
El 3 de julio de 2024, la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York declaró con lugar la apelación presentada por PDVSA en contra de la sentencia de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, que hace casi cuatro años, había desestimado la demanda de nulidad de los Bonos PDVSA 2020.
En la práctica, esto implica que la Corte de Nueva York debe decidir si, conforme a la Constitución de Venezuela, PDVSA estaba habilitada para firmar contratos de interés público nacional con empresas extranjeras sin control parlamentario.
