El fiscal general de la república, Tarek William Saab, así como el defensor del pueblo, Alfredo Ruiz; renunciaron a sus cargos a través de cartas enviadas a la Asamblea Nacional (AN) e informadas como puntos en la cuenta de la sesión ordinaria de este miércoles, 25 de febrero.
“Obran en nuestro poder sendas misivas dirigidas por el fiscal general de la república, doctor Tarek William Saab; y por el defensor del pueblo, Alfredo José Ruiz Angulo; en donde expresan su decisión de renunciar al cargo respectivo”, dijo el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez.
Explicó que se activarán los comités de postulaciones para designar a quienes ocuparán estos cargos ahora vacantes y que, mientras esto ocurre, la AN elegirá a dos encargados para ocupar los puestos, debido a que no hay vicefiscal en el Ministerio Público (MP) que pueda asumir el cargo de forma temporal mientras se activa el proceso de selección del nuevo fiscal.
Fue así como por mayoría calificada fue designado el abogado Larry Davoe como fiscal general encargado. Davoe empezó su carrera pública como funcionario de la Defensoría del Pueblo, y rápidamente ganó la confianza del chavismo y se hizo representante de Venezuela ante instancias como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y, posteriormente, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos Agente del Estado ante Sistema Internacional de Derechos Humanos.
Entretanto, Tarek William Saab, que acaba de poner a la orden su cargo de fiscal, fue reciclado como defensor encargado.
Los propios parlamentarios demostraron sorpresa cuando Jorge Rodríguez propuso que William Saab se encargue temporalmente de la Defensoría del Pueblo.
Tanto William Saab como Alfredo Ruiz habían sido ratificados en sus cargos en octubre de 2024 para un período de siete años que estaría vigente hasta el 2031.
Ambos funcionarios salen de sus cargos a pocos días para que se cumplan dos meses de la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos y pocos días después de la aprobación de una Ley de Amnistía para la liberación de presos políticos, un hecho negado reiteradas veces por el propio Saab, quien insistía en que en Venezuela no había presos políticos, sino presos por delitos comunes.
Saab llegó a la Fiscalía en 2017, luego de desempeñarse como defensor del pueblo y su gestión ha sido duramente cuestionada por ONG, activistas e instancias internacionales que lo acusan de avalar y encubrir graves violaciones a los derechos humanos y durante su gestión Venezuela se hizo objeto de una investigación formal de la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes de lesa humanidad, la primera a un país de la región.
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