El decreto de estado emergencia económica, implementado por el gobierno de Nicolás Maduro en abril de 2025, tuvo como principal motivación declarar la protección de la economía venezolana y de sus ciudadanos frente a lo que las autoridades describen como una «guerra comercial inédita» por las agresiones externas, en particular las sanciones internacionales y la política arancelaria de Estados Unidos.
Según el ejecutivo, esta medida busca contrarrestar un supuesto riesgo de recesión mundial y sus efectos en el país, así como dotar al gobierno de facultades extraordinarias para estabilizar la economía, asegurar el acceso a bienes esenciales y «blindar» el patrimonio nacional ante lo que consideran “intentos de desestabilización”.
Publicado en Gaceta Oficial el 8 de abril, el Decreto N° 5.118, aunque con una vigencia inicial de sesenta días, se alinea con la práctica de extensiones que han caracterizado este tipo de declaratorias en Venezuela. Aunque la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción establece una duración de sesenta días, estas medidas suelen extenderse, prolongando la capacidad del ejecutivo para aplicar acciones extraordinarias.
El anuncio se produjo en un entorno económico que el ejecutivo describe como afectado por factores externos y sanciones internacionales. Las declaraciones de Maduro y sus voceros apuntaron a la necesidad de dotar al gobierno de herramientas para «proteger al pueblo de los embates económicos».
“Yo apelo a las facultades constitucionales que me dan el decreto de emergencia económica para proteger integralmente todos los sectores productivos y garantizar equilibrio, armonía, capacidad de resistencia y recuperación frente a las circunstancias que se presentan en el mundo”, dijo Maduro el pasado 8 de abril.
La Asamblea Nacional, de mayoría oficialista, respaldó la medida, que cual faculta al ejecutivo para dictar regulaciones transitorias, suspender tributos, centralizar recaudaciones y autorizar gastos no previstos en el presupuesto.
Con la aprobación de la Asamblea Nacional y la validación del Tribunal Supremo de Justicia, el decreto de emergencia económica de 2025 confiere a Maduro facultades extraordinarias por 60 días, prorrogables. Entre estas, destacan la potestad de: Dictar regulaciones excepcionales para la estabilización económica. Suspender el cobro de tributos a nivel nacional, estadal y municipal. Concentrar la recaudación de tasas y contribuciones especiales en el Tesoro Nacional. Promover la inversión y autorizar contrataciones para servicios esenciales. Una de las disposiciones más sensibles es la suspensión de la garantía constitucional de la reserva legal en materia económica y financiera (Artículo 3), lo que permite al Ejecutivo actuar con mayor discrecionalidad en estas áreas.
Política tributaria
En materia tributaria, el decreto de emergencia económica de abril de 2025 ha otorgado al ejecutivo facultades significativas. Estas incluyen la potestad de suspender el cobro de tributos a nivel nacional, estadal y municipal, así como concentrar la recaudación de tasas y contribuciones especiales en el Tesoro Nacional, lo que sugiere una mayor centralización de los ingresos públicos.
Un ejemplo concreto es el ajuste del valor de la Unidad Tributaria (U.T.) a Bs. 43,00 por el SENIAT, con la restricción de su uso exclusivo para tributos nacionales, prohibiendo su aplicación por otros órganos del poder público.
Además, el decreto contempla el establecimiento de mecanismos para combatir la evasión y elusión fiscal, y la suspensión de exenciones de tributos nacionales para aumentar la recaudación. También se han emitido nuevas normas sobre exoneraciones de IVA e Impuesto de Importación para bienes seleccionados, condicionadas a la producción nacional y al uso estratégico de los bienes. En conjunto, estas medidas reflejan una estrategia de centralización y búsqueda de mayores ingresos para el gobierno central, con implicaciones potenciales para la autonomía fiscal de los entes subnacionales.
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El presente del decreto: entre expectativas y desafíos
A pesar de la activación de este nuevo decreto, el panorama económico de Venezuela en julio de 2025 sigue presentando desafíos. El Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF) ha reportado una contracción de la economía venezolana del 2,7% en el primer semestre de 2025. Aunque el Banco Central de Venezuela (BCV) informó un crecimiento del 9,3% en el primer trimestre de este año, otras proyecciones, como las de la UCAB, anticipan una caída del PIB total real superior al 2% para el año.
La inflación continúa siendo un factor de inestabilidad. La devaluación del bolívar frente al dólar estadounidense persiste, y el dólar oficial ha registrado un aumento constante en su cotización, reflejando la presión sobre la moneda local.
Vale acotar que, el gobierno de Maduro ha intensificado una política para contrarrestar la influencia de las páginas de referencia del dólar paralelo, a las cuales se les atribuye una desestabilización del tipo de cambio. Esta estrategia implica un monitoreo de estas plataformas y una promoción del tipo de cambio oficial como la única referencia válida.
Divisas y consumo
La vicepresidenta Delcy Rodríguez, en el marco de la aplicación del decreto de emergencia económica de 2025, señaló el pasado 4 de junio que el consumo suntuario no es una prioridad para el pueblo venezolano: «Hay un recalentamiento de la economía y nosotros debemos reajustar».
En sus declaraciones, subrayó la necesidad de una priorización de las divisas, dirigiéndolas principalmente a sectores esenciales como alimentos, medicamentos, bienes de capital para impulsar la industria nacional y materias primas que fortalezcan la producción.
Rodríguez enfatizó que destinar divisas a productos no esenciales no es una «lógica económica correcta», buscando con ello un reordenamiento y reencauzamiento de los recursos para superar las perturbaciones económicas.
Síntesis del decreto
Las medidas tomadas bajo el decreto de emergencia han tenido como objetivo principal la estabilización de precios y la optimización de la distribución. No obstante, los resultados no han significado un cambio estructural. La economía sigue sujeta a la volatilidad y a la incertidumbre.
El gobierno ha señalado que sectores como la minería, el comercio, los servicios y la manufactura han mostrado crecimiento, y la industria petrolera busca una recuperación. Sin embargo, informes de expertos y centros de investigación señalan un panorama con desafíos persistentes, incluyendo una caída en las remesas y la informalidad laboral.
En síntesis, el decreto de emergencia económica de abril de 2025 se integra a una serie de instrumentos que el gobierno venezolano ha utilizado para sortear la situación económica. Su implementación, y el panorama en julio de 2025, se definen por una continuidad de los desafíos económicos, donde las medidas excepcionales, la política cambiaria activa contra el dólar paralelo y el aumento del dólar oficial, coexisten con indicadores que aún reflejan una situación de fragilidad y una economía en constante ajuste.
