En Venezuela, la situación de los trabajadores públicos en las regiones contrasta con la de quienes laboran en Caracas. Más allá del bajo salario y la entrega de bonos de guerra económica y alimentación, persisten diferencias marcadas en el acceso a beneficios esenciales como bolsas de comida, guarderías y servicios médicos.
Líderes sindicales de varios estados y empleados de ministerios revelan un patrón de acceso desigual a estas prestaciones laborales fundamentales, que califican como «discriminación».
Iván Bravo, presidente del sindicato SITE-Fetrasined en Portuguesa, confirma que, si bien “la bolsa de comida ha comenzado a llegar a algunos docentes, obreros y administrativos activos, pero esta no se entrega a quienes están de reposo médico o en comisión de servicio, vulnerando sus derechos”.
Respecto al servicio médico, destacó que la situación es crítica: “Las unidades del Ipasme en Portuguesa operan de forma deficiente, ofreciendo solo consultas básicas, y las guarderías simplemente no existen”. Asume que ”las únicas instalaciones de guardería están en la sede principal del Ministerio de Educación en Caracas”.
En el Ministerio de Agricultura y Tierras, José Marcano, presidente del sindicato nacional, denuncia que el HCM fue eliminado, siendo reemplazado por un sistema «administrado» al que los trabajadores públicos en los diferentes estados no saben cómo acceder. «No existe como tal», afirma.
Asimismo, aseguró que “las bolsas de comida solo llegan a los trabajadores activos y jubilados en Caracas, dejando sin este beneficio a los de las regiones”.
“La dotación de ropa, una cláusula contractual, no se cumple desde hace años, y los bonos vacacionales se redujeron de 100 a 50 días. Las primas por hijo son de 12 bolívares, sin incidir en prestaciones sociales”, dijo.
Marcano agregó que en la sede del ministerio en la capital “existe un servicio médico gratuito con varias especialidades, algo que no se replica en los estados”.
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Instructivo Onapre
Rubén Darío Pérez, docente y abogado en Carabobo, señaló que “los docentes activos reciben una bolsa de comida ocasional, pero esta no se entrega si están de reposo, y los jubilados no la reciben en absoluto, habiendo perdido también ayudas para medicinas”.
“La única respuesta que recibimos es que ahora todo eso se administra por la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre) por el sistema patria. Esa es la respuesta que dan aquí a través del gobierno de Carabobo”, detalló. También describió la seguridad social para los jubilados como «nula» y para los activos como «negativa», enfatizando que la falta de servicio médico es «absoluta», convirtiendo cualquier enfermedad en una «odisea».
Ronald Millán, secretario general del sindicato Sintramecoa, perteneciente al Ministerio de Ecosocialismo en Caracas, señala que a los trabajadores de su ministerio les quitaron todos los beneficios en 2015, incluyendo el HCM y la guardería.
Aunque han logrado un servicio médico y una guardería en la sede central del ente en Caracas a través de un proyecto, el dirigente sindical insiste en la necesidad de un HCM para que las regiones no queden desatendidas.
“Discriminación regional”
La respuesta oficial a estas carencias a menudo se centra en la «falta de recursos» o en que los beneficios se administran a través del sistema Patria y la Onapre. Los líderes sindicales, como Marcano, critican la concentración de beneficios en la capital, resumiendo que «todo aquí es Caracas».
Pérez, desde Carabobo, señala una «total discriminación» en la entrega de bonos y lo ejemplifica con el reciente bono de vacaciones para docentes nacionales a través del sistema Patria, que no han recibido los docentes estadales: «Eso marca una total discriminación, claro que está establecido en el artículo 21 de la Constitución».
Si bien una mesa de diálogo se instaló en abril de 2022 con la participación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), los trabajadores públicos no perciben avances concretos. «Los salarios siguen iguales», lamenta Marcano. El gobierno atribuye la situación a las «más de 500 medidas coercitivas impuestas» por Estados Unidos y otros países, que, según la vicepresidenta Delcy Rodríguez, «violaron masivamente los derechos humanos del pueblo venezolano».
