Las organizaciones sindicales que conforman el Comité Nacional de Conflicto de Trabajadores en Lucha iniciaron una jornada de acción este martes en la Defensoría del Pueblo, en Caracas. El objetivo de la movilización fue denunciar la criminalización de los derechos laborales y sndicales, así como las detenciones y el acoso que, según sus declaraciones, enfrentan dirigentes sindicales.
Luis Guillermo Navas, miembro del comité que consignó el documento, expresó su descontento por la falta de una respuesta inmediata por parte de la Defensoría del Pueblo. «Nos dijeron que no tienen respuesta para este documento, nos piden 20 días hábiles para darnos respuesta. Es una situación de emergencia, una situación que demanda la prontitud del Estado», señaló.
Asimismo, enfatizó que la Defensoría debería actuar de forma inmediata para revisar y dar seguimiento a los casos, tal y como lo establece la Constitución. El comité confirmó que regresarán en un mes para continuar con sus exigencias.
En defensa del trabajador
Por su parte, Raquel Figueroa, del Colegio de Profesores de Venezuela y también miembro del Comité, explicó que la jornada busca defender los derechos humanos de los trabajadores ante la «profundización de la represión, el acoso y los despidos».
Destacó que la presencia en la Defensoría del Pueblo es para exigir que la institución asuma una posición a favor de los trabajadores y realice un estudio objetivo de los casos de persecución y detenciones arbitrarias de dirigentes sindicales. Anunció que las denuncias serán elevadas próximamente ante otras organizaciones nacionales e internacionales como la Fiscalía, el PNUD y la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
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Dirigentes detenidos
Luis Guanique, otro de los dirigentes, denunció que ser líder sindical en el país representa hoy un «peligro» debido a la persecución. Mencionó casos específicos como el de Maritza Moreno, presidenta del Colegio de Enfermeras del estado Bolívar, cuyo esposo fue detenido tras un allanamiento a su vivienda.
También se refirió a Jenny González, presidenta del gremio de enfermeras de Barinas, quien se encuentra detenida y se desconoce su situación, al igual que Fidel Brito, presidente de la CTV Bolívar, detenido hace una semana.
Guanique lamentó que hasta la fecha “no se conozca la situación de cien trabajadores de la industria petrolera también detenidos”.
Naucela Gudiño, del Colegio de Enfermería del Distrito Capital, ratificó la entrega del documento en la Defensoría del Pueblo para solicitar la intervención de la institución en la defensa de los derechos de las enfermeras detenidas y perseguidas.
Rresaltó también la preocupación por los salarios, ya que los trabajadores cumplen tres años con un sueldo mínimo de 130 bolívares y los salarios bonificados no inciden en las prestaciones sociales, afectando el ingreso y la seguridad laboral.
